Bolivia: en lo que va del año, ya se decomisaron más de 400 máquinas de juego ilegales en Santa Cruz
La Autoridad de Fiscalización de Juego de Bolivia realizó un nuevo operativo en Santa Cruz donde logró el decomiso de 43 máquinas tragamonedas ilegales.
Bolivia.- Esta semana, la Autoridad de Fiscalización de Juego (AJ) retomó su lucha contra el juego ilegal en la ciudad de Santa Cruz, la más afectada por esta problemática en el suelo boliviano. La tarde del miércoles 27 de julio las autoridades intervinieron una casa de juego ilegal ubicada en la Avenida Andrés Manzo #335 y decomisaron 43 máquinas. Ya son más de 400 medios de juego ilegales decomisados en dicha ciudad en lo que va del año.
Según informaron desde la AJ, para burlar la intervención de los inspectores, los organizadores de la actividad ilegal cambiaban constantemente de ubicación y captaban a sus clientes mediante mensajes de Whatsapp, sin embargo gracias a las acciones de seguimiento se logró realizar la intervención y decomiso de 43 máquinas de juego.
La AJ informó que continuará con las acciones de intervención en cumplimiento al lineamiento del Gobierno Nacional para luchar contra la ilegalidad y proteger los derechos de la población a participar en actividades de azar de forma legal, justa y transparente.
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Los elementos de juego decomisados, luego de un proceso administrativo, serán deshabilitados y destruidos en el marco de un convenio suscrito entre la AJ y una empresa de reciclaje en el marco de la Ley 060 de Juegos de Lotería y Azar.
El último operativo en Santa Cruz se había realizado a principios de julio, cuando agentes de la AJ resultaron agredidos. La noche del jueves 7 de julio, la institución reguladora intervino una casa de juego clandestino ubicada en la Calle Pororo, donde se decomisaron 61 máquinas de juego ilegales.
Jessica Saravia, directora ejecutiva de la AJ, precisó que los administradores de esta casa ilegal al advertir la presencia de la AJ impidieron la salida de las personas que se encontraban jugando, la mayoría de la tercera edad, ocasionando además agresiones a los servidores públicos responsables de llevar adelante la intervención.
