Se sigue demorando el debate parlamentario sobre el juego online en Uruguay
Un grupo de diputados pretendía abordar el proyecto esta semana, sin embargo, no se trató.
Uruguay.- A más de dos años de la media sanción al proyecto que legalizaría el juego online en Uruguay, el debate sigue trabado en Diputados y aún no se sabe cuándo será tratado. Legisladores del Partido Nacional y de Cabildo Abierto pretendían tratar este miércoles, en la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley, pero no tuvieron éxito.
Así lo informó el medio local Semanario Búsqueda y luego lo confirmó FM GENTE con el diputado nacionalista Diego Echeverría. El legislador precisó que fueron conversaciones informales donde se habló sobre la posibilidad de tratar el proyecto y finalmente no se hizo.
La iniciativa cuenta con media sanción, votada de manera unánime por Senadores en agosto de 2022, pero continúa sin ingresar a Diputados y está a consideración de la Comisión de Hacienda.
Los diputados del Partido Colorado no estaban de acuerdo con tratar el proyecto este miércoles y, según fuentes de Búsqueda, el presidente Lacalle Pou se comunicó por teléfono con la coordinadora de bancada de ese partido, María Eugenia Roselló, para conocer el porqué de esa postura.
Se especula que el tratamiento del proyecto quedará para más adelante en virtud del receso de la sesiones por la campaña electoral.
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El proyecto aprobado por el Senado
El texto, que fue ingresado por el Ejecutivo a fin del 2021 y aprobado por el Senado en 2022, establece en su artículo 1 que el Gobierno, mediante la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas, podrá «prestar la actividad de juegos de casinos tales como poker, ruleta, slots, entre otros, creados o a crearse, bajo la modalidad online, a través de internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares».
Asimismo, se indica que «el Poder Ejecutivo, en ejercicio de su competencia exclusiva, podrá autorizar en forma previa, precaria y revocable, la prestación de la actividad referida (…) a los concesionarios de juegos de casinos en forma presencial o a quienes posean dicho título habilitante en el futuro».
En el segundo artículo, el texto señala que la autorización para que los operadores, tanto públicos como privados, exploten el juego y las apuestas online «estará condicionada» a que estos cuenten «con un establecimiento presencial operativo y habilitado para el juego presencial» y que «se cumplan los requisitos que establezca la reglamentación y los dispuestos en el contrato de concesión».
El proyecto, también establece: «Quienes en el futuro adquieran la calidad de concesionarios de juegos de casinos en la modalidad presencial podrán acceder a una autorización de explotación de dichos juegos bajo la modalidad online, en forma previa a la inversión, aunque no podrán iniciar la modalidad online hasta que se verifique la inversión aprobada e inicie la explotación del juego presencial».
En ese sentido, la norma agrega: «La explotación de juegos de casinos online sin la autorización correspondiente aparejará la revocación de toda autorización de explotación de juegos de casinos presenciales y online”. A su vez, se remarca que “la autorización del Poder Ejecutivo cesará automáticamente si el concesionario dejara de explotar el juego presencial».
Entre las modificaciones que se incorporaron a la versión inicial, aparece en el artículo 8, que la Dirección Nacional de Casinos deberá financiar un fondo para tratar la ludopatía con un 5 por ciento de sus ganancias brutas y con lo recaudado por concepto de multas.
Muchos sectores ligados a la industria como sindicatos y empresarios del juego coincidieron en la necesidad de regular el juego online, pero también criticaron ciertos aspectos del proyecto impulsado por el Ejecutivo.
