La SPA de Brasil critica la normativa de Rio Grande do Sul que restringe la publicidad de apuestas
La norma aprobada en la Asamblea Legislativa y firmada por el gobernador Eduardo Leite abre un debate sobre la competencia regulatoria entre estados y el gobierno federal.
Brasil.- La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda cuestionó la validez de la nueva normativa sancionada por el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que amplía las limitaciones a la publicidad de plataformas de apuestas en el estado. La iniciativa, presentada por el diputado Tiago Simon, fue aprobada el 24 de abril y establece nuevas reglas para la difusión de contenidos vinculados al sector.
La entidad cuestionó la Ley N° 16.508/2026, señalando que las apuestas de cuotas fijas son consideradas una modalidad de lotería federal. “Solo el Congreso Nacional puede legislar sobre el tema para garantizar uniformidad en todo el país”, aseguró.
Por su parte, el gobierno municipal respondió que la ley “tiene origen parlamentario, fue sancionada por el gobernador y permanece vigente hasta que una decisión judicial la suspenda”.
Movimiento regulador en expansión
La medida en Rio Grande do Sul ocurre durante un creciente movimiento legislativo en Brasil. Una encuesta realizada por JOTA el 28 de abril identificó 32 proyectos de ley en trámite sobre publicidad de apuestas, distribuidos en diez estados y el Distrito Federal.
Disputa federal abierta
La discusión sobre la competencia legislativa sigue abierta. La SPA advirtió que órganos federales como la Fiscalía General podrían intervenir para plantear la inconstitucionalidad de la norma. La Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y TV (Abert) confirmó que avanzará con una acción judicial contra la legislación impulsada por el gobierno de Leite. Desde la entidad sostienen que la norma introduce restricciones que afectan la operación de los medios y abren un escenario de incertidumbre regulatoria.
El presidente ejecutivo de la Abert, Cristiano Lobato Flôres, advirtió que la ley genera “inseguridad jurídica” y adelantó que el caso será llevado a la Justicia para cuestionar su validez.
