La disputa por la nueva ley de publicidad de apuestas en Rio Grande do Sul llegará a la Justicia
Entidades de medios y del sector anticipan acciones legales contra la norma recientemente sancionada, al considerar que invade competencias federales y genera inseguridad jurídica.
Brasil.- A pocos días de la entrada en vigor de la nueva ley que restringe la publicidad de apuestas deportivas en Río Grande do Sul, el foco del debate se trasladó al terreno judicial. Organizaciones del sector de medios y de la industria del juego ya preparan presentaciones para impugnar la normativa, en lo que anticipa un conflicto legal de alcance nacional.
La Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y TV (Abert) confirmó que avanzará con una acción judicial contra la legislación impulsada por el gobierno de Eduardo Leite. Desde la entidad sostienen que la norma introduce restricciones que afectan la operación de los medios y abren un escenario de incertidumbre regulatoria.
El presidente ejecutivo de la Abert, Cristiano Lobato Flôres, advirtió que la ley genera “inseguridad jurídica” y adelantó que el caso será llevado a la Justicia para cuestionar su validez.
Las críticas también alcanzan al fondo de la cuestión. Desde el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) señalaron que las limitaciones impuestas por la normativa podrían tener un efecto contrario al buscado. Según indicaron, “las restricciones excesivas debilitan el mercado regulado y fortalecen el espacio de las plataformas clandestinas”, que operan sin controles.
Uno de los principales argumentos que sostendrán las entidades en sede judicial es la presunta inconstitucionalidad de la ley estatal. De acuerdo con esta postura, la regulación de la publicidad, especialmente en un sector con alcance nacional como el de las apuestas, corresponde al ámbito federal, por lo que una legislación provincial no debería imponer este tipo de limitaciones.
Qué dice la nueva ley
La flamante legislación suma requisitos más estrictos para las campañas publicitarias. Entre ellos, la obligación de incluir mensajes de advertencia visibles y audibles sobre los riesgos del juego, con un tamaño mínimo equivalente al 15 por ciento del espacio total del anuncio. Estas advertencias deben emitirse con el mismo nivel de volumen y velocidad que el mensaje principal.
Las piezas deberán incorporar frases como “el juego puede causar adicción” o “puede generar endeudamiento”, además de informar sobre canales de ayuda y tratamiento. También queda prohibido cualquier contenido dirigido, directa o indirectamente, a menores de 18 años, incluyendo el uso de animaciones, personajes ficticios o recursos visuales que puedan resultar atractivos para ese público.
La normativa también limita la difusión de publicidad en distintos entornos. En televisión abierta, cable, streaming y radio, los anuncios solo podrán emitirse entre las 21:00 y las 6:00. Además, se prohíbe la promoción de cuotas, bonos o incentivos durante transmisiones en vivo, así como el uso de elementos que incentiven el juego. También se establecen restricciones geográficas, impidiendo la publicidad en zonas cercanas a escuelas, guarderías y espacios frecuentados por menores.
En el ámbito deportivo, las plataformas podrán figurar como patrocinadores, pero únicamente con fines de identificación de marca. No estarán permitidos mensajes que incentiven la participación en apuestas, especialmente en categorías no profesionales o vinculadas a menores. Además, se prohíbe el uso de figuras públicas o testimonios con fuerte llegada a audiencias jóvenes.
Además, la ley establece un esquema de responsabilidad compartida que incluye a operadores, agencias, medios y plataformas digitales. Las autoridades podrán ordenar la remoción de contenidos irregulares y, en casos graves, bloquear el acceso a sitios que incumplan la normativa.
Las sanciones van desde advertencias hasta multas que pueden duplicarse en caso de reincidencia, suspensión de campañas, imposición de contrapublicidad e incluso la revocación de la autorización para operar en el estado.
Los fondos recaudados por multas serán destinados al Fondo Estatal de Protección al Consumidor y a programas de prevención del juego problemático. Las empresas que ya operan en Río Grande do Sul disponen de un plazo de 120 días para adecuar sus campañas y contratos a las nuevas disposiciones.
