La JPS de Costa Rica insiste con reforma legislativa para endurecer penas contra la lotería ilegal
Tras una causa de lavado de activos ligada a sorteos clandestinos, la Junta de Protección Social impulsará por tercera vez un proyecto de ley que busca penas de hasta 10 años de prisión y multas económicas para operadores y vendedores no autorizados.
Costa Rica.- La Junta de Protección Social (JPS) de Costa Rica anunció que volverá a impulsar un proyecto de ley para sancionar con mayor severidad la lotería ilegal, tras una reciente investigación por lavado de dinero que expuso la magnitud del negocio clandestino en el país. Se trata del tercer intento por modificar un marco legal vigente desde 1950, que actualmente impide castigar eficazmente estas prácticas.
La decisión llega luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutara 24 allanamientos en distintos puntos del país en el marco de la operación “Tómbola”, que investiga un presunto caso de blanqueo de capitales ligado a la venta ilegal de lotería.
“La legislación actual no considera esto como una estafa, porque no hay engaño: el comprador sabe lo que está adquiriendo”, explicó la presidenta ejecutiva de la JPS, Esmeralda Britton. Esto, según la funcionaria, deja a la entidad sin herramientas legales para frenar a un mercado que mueve más de CRC300.000m (USD586m) y que además ofrece pagos más altos que los juegos regulados, atrayendo a más apostadores. «Ya hemos intentado dos veces sin éxito cambiar la ley. Con esta nueva propuesta buscamos fortalecer las competencias de la Junta, porque estamos compitiendo contra un mercado abiertamente ilegal con las manos amarradas”, comentó Britton.
El nuevo proyecto prevé penas de hasta 10 años de prisión para quienes operen bancas ilegales y multas de hasta diez salarios base para los puntos de venta no autorizados. La iniciativa cuenta con el respaldo de 12 diputados de distintas bancadas, lo que genera expectativas favorables para su avance legislativo.
“¿Quién podría oponerse a fortalecer a la Junta para que esos CRC300.00m que hoy mueve la ilegalidad pasen a financiar el bien social? Negarse sería una vergüenza. Esto no es solo por la legalidad del juego, sino también una medida para combatir el crimen organizado”, concluyó Britton, quien espera que el próximo Congreso priorice la discusión del proyecto y finalmente siembre una solución duradera.
