Crimen organizado y corrupción: el «Caso Tómbola» sacude a la JPS y la banca en Costa Rica
Tras los allanamientos que desarticularon una red de lavado de dinero mediante la venta de lotería legal e ilegal, la Junta de Protección Social confirmó que un funcionario de la entidad está entre los investigados y alertó sobre los vínculos entre el negocio clandestino y estructuras del crimen organizado. También hay empleados bancarios implicados.
Costa Rica.- La investigación judicial en curso por el denominado “Caso Tómbola” sigue revelando ramificaciones alarmantes en Costa Rica. La Junta de Protección Social (JPS) confirmó que uno de sus funcionarios figura entre los investigados por integrar la red criminal dedicada al lavado de dinero mediante la venta de lotería, tanto legal como ilegal. Además, tres empleados de entidades bancarias también fueron identificados como parte del esquema bajo sospecha.
La operación, ejecutada el jueves por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), incluyó 24 allanamientos simultáneos en distintas regiones del país, especialmente en la zona norte. Como resultado, ocho personas fueron detenidas y otras diez, entre ellas los funcionarios públicos, fueron citadas a declarar. Según detallaron las autoridades, la red operaba al menos 80 puntos de venta de lotería para blanquear dinero proveniente de otras actividades ilícitas.
“La Junta de Protección Social se mantiene en colaboración activa con las autoridades competentes”, señaló la institución en un comunicado oficial. Además, la JPS advirtió que muchas de las loterías ilegales están vinculadas a estructuras del crimen organizado, lo cual representa una amenaza directa para la seguridad ciudadana y erosiona los recursos destinados a programas sociales.
El presunto líder de la organización, Edgar Mora Durán, habría acumulado más de CRC1.000m (USD 1,9 millones) en solo dos años, mediante un entramado que incluía negocios paralelos como una licorera, una librería, una empresa constructora y agencias de autos de lujo. También se descubrió que varios miembros de su familia estaban implicados, junto con una contadora y un especialista en informática que habría diseñado el sistema para gestionar las ventas en línea.
La JPS pidió avanzar en la aprobación del proyecto legislativo para el Fortalecimiento de sus competencias y la Regulación de los Juegos de Azar, una medida que según la institución permitiría cerrar el paso a redes ilícitas y garantizar un uso más transparente de los recursos del juego.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa, con el análisis de la documentación y los bienes decomisados, que incluyen 71 vehículos y 74 propiedades. Las autoridades no descartan nuevas detenciones y aseguraron que las diligencias seguirán en marcha.
