Costa Rica busca frenar la lotería ilegal con una reforma que endurece penas y habilita regularización
El proyecto, respaldado por la Junta de Protección Social y diputados de distintas bancadas, propone sanciones severas contra las apuestas clandestinas y la posibilidad de formalizar a vendedores informales. La medida apunta a cortar el financiamiento del crimen organizado y proteger los fondos destinados a programas sociales.
Costa Rica.- La Junta de Protección Social (JPS) de Costa Rica presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca dar un giro radical al combate contra la venta ilegal de lotería en el país. La iniciativa plantea sanciones más duras para quienes comercialicen productos de azar fuera del marco legal, pero también abre la puerta a la regularización de los actuales vendedores informales.
Respaldado por diputados del PUSC, PLN, Nueva República, representantes de Zapote y el independiente Gilbert Jiménez, el proyecto ha sido incluido dentro de la agenda del Poder Ejecutivo. Su nombre formal: Ley para el fortalecimiento de las competencias de la Junta de Protección Social y la regulación de los juegos de azar en el marco de la seguridad y el combate del crimen organizado.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es prohibir cualquier tipo de lotería que no sea emitida por la JPS, así como sorteos electrónicos, videoloterías o modalidades similares no reguladas. Quienes incumplan se enfrentarán a multas de entre CRC 2,3m (USD 4.500) y CRC 4,6m (USD 9.000), mientras que quienes operen sistemas de apuestas ilegales podrían recibir penas de prisión de dos a seis años. Además, se le otorgaría a la JPS capacidad legal para actuar como querellante en estos casos.
“Esta ley pretende cerrar las brechas que han permitido la proliferación de negocios ilegales”, afirmó el diputado Jiménez. Por su parte, la presidenta de la JPS, Esmeralda Britton, advirtió que el crimen organizado ya se ha infiltrado en este sector. “Las famosas ventanitas recaudan cerca de CRC 300.000m (USD 586.000) al año, fondos que muchas veces terminan fuera del país o alimentan actividades ilícitas”, alertó.
Britton reconoció que actualmente la Junta carece de herramientas efectivas para clausurar puntos de venta clandestinos: “Tenemos una ley de hace 50 años con multas de CRC 1.000 (USD 2). No somos una entidad policial y al día siguiente de cerrar un puesto, vuelve a abrir”.
A la par de las sanciones, el texto también contempla la posibilidad de que quienes hoy operan de forma irregular puedan incorporarse al sistema legal. “Si alguien está haciendo eso (ventas ilegales), se buscará el mecanismo para que pueda regularizarse. En caso de que no lo haga, será sancionado o incluso podría ir a prisión”, advirtió la funcionaria.
Además de frenar la ilegalidad, el proyecto tiene como eje proteger a los consumidores y blindar los recursos públicos destinados a programas sociales. “Defender la legalidad en los juegos de azar es defender la solidaridad, la equidad y el impacto social que la JPS ha sostenido a lo largo de 180 años de historia”, subrayó Britton.
Las utilidades de la JPS se destinan a sectores vulnerables, incluyendo adultos mayores, personas con discapacidad, salud, vivienda y atención de adicciones. El fortalecimiento institucional que plantea la iniciativa busca garantizar que esos fondos no sean desviados por redes ilícitas, sino que lleguen “de forma transparente a quienes más lo necesitan”, concluyó la presidenta del ente.
