La JPS de Costa Rica refuerza venta oficial de lotería
El ente administrador de la lotería costarricense realizó una venta especial en sus oficinas.
Costa Rica.- Como parte de su estrategia por erradicar la distribución ilegal de lotería, desde la Junta de Protección Social (JPS) de Costa Rica organizaron una venta oficial de lotería con presencia de vendedores autorizados frente a su edificio.
La venta se realizó los días 4, 5 y 6 de julio en los exteriores de la sede de la JPS, y estuvo a cargo de vendedores autorizados de la lotería. El precio de la fracción fue de CRC 2.000 (USD4) y del entero, CRC 20.000 (USD39).
Uno de los objetivos principales del evento es potenciar la lucha del ente administrador de la lotería costarricense contra la ilegalidad y la reventa de billetes con sobreprecios. La actividad se realizó con el apoyo de los Inspectores de Lotería, la Policía Municipal y la Fuerza Pública, quienes controlaron “la presencia de revendedores que ofrecen lotería a precios superiores en las inmediaciones de la JPS”, informaron desde la JPS.
Asimismo, la JPS recordó que ya se encuentra disponible el coleccionable físico del 180° aniversario, el cual se puede adquirir en la plataforma de servicio de la entidad y en los puestos ubicados en las afueras del edificio.
Estrategia legislativa
El mes pasado, la JPS presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca dar un giro radical al combate contra la venta ilegal de lotería en el país. La iniciativa plantea sanciones más duras para quienes comercialicen productos de azar fuera del marco legal, pero también abre la puerta a la regularización de los actuales vendedores informales.
El proyecto se titula: «Ley para el fortalecimiento de las competencias de la JPS y la regulación de los juegos de azar en el marco de la seguridad y el combate del crimen organizado».
Uno de los puntos centrales de la propuesta es prohibir cualquier tipo de lotería que no sea emitida por la JPS, así como sorteos electrónicos, videoloterías o modalidades similares no reguladas. Quienes incumplan se enfrentarán a multas de entre CRC 2,3m (USD 4.500) y CRC 4,6m (USD 9.000), mientras que quienes operen sistemas de apuestas ilegales podrían recibir penas de prisión de dos a seis años. Además, se le otorgaría a la JPS capacidad legal para actuar como querellante en estos casos.
