Sigue el debate sobre la regulación del juego online en Chile

Jorge Bofill le contestó a la presidenta Ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ), Cecilia Valdés Vial.
Jorge Bofill le contestó a la presidenta Ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ), Cecilia Valdés Vial.

Uno de los abogados de Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin, contestó a las acusaciones de la presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos de Juego.

Chile.- La regulación del juego online está en el centro del debate en Chile. Luego de aprobada la medida que busca prohibir la publicidad de casas de apuestas en equipos y eventos deportivos, por parte de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, y el proyecto que definitivamente regularía la actividad en el país andino en pausa, las empresas que operan casas de apuestas siguen atentas a las novedades. 

Jorge Bofill, abogado socio del estudio Bofill Escobar Silva, quien junto a Matías Balmaceda, socio de Balmaceda, Cox y Piña, y a Carlos Baeza, defienden a Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin, escribió una carte de opinión para rebatir los argumentos de la presidenta Ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ), Cecilia Valdés Vial, quien cruzó a las casas de apuestas. 

En una nota publicada en el medio local La Tercera, Valdés Vial dijo que el «Código Penal tipifica la actividad de juegos de azar como delito» y agregó que “la Constitución vigente señala que la regulación del juego es materia de ley. Con normas así de explícitas, difícilmente se puede hablar de falta de regulación o áreas grises cuando nos referimos al juego y apuestas online, que es lo que plantean representantes de estas plataformas”.

A su vez, la presidenta de la ACCJ citó un dictamen de Contraloría que “revisa estas disposiciones y lo establecido en la Ley 19.995, concluyendo categóricamente que ni las sociedades operadoras de casinos de juego ni ninguna otra entidad en caso alguno pueden realizar juegos de azar en línea, por prohibirlo expresamente el legislador”.

Bofill rebatió estos argumentos en una carta de opinión publicada en el mismo medio y dijo: “Con todo el respeto que nos merecen los dictámenes de Contraloría, su argumento es equivocado en la premisa que el legislador nunca ha prohibido los juegos de azar en línea”. 

En ese sentido, agregó: “Todas las constituciones, desde 1833 en adelante, han establecido como principio del derecho público económico chileno que las actividades económicas son lícitas, a menos que la ley declare lo contrario. Ha habido regulaciones fragmentarias, como los tipos penales del Código Penal, o las leyes relativas a los casinos de juego. Pero ninguna ha prohibido los juegos de azar en general y menos las plataformas online”.

Además, agregó que el Código Penal no «tipifica la actividad de juegos de azar como delito», y sostuvo que “los artículos 275, 276 y 277, que son los que se refieren a la materia, se ubican dentro de un párrafo titulado ‘De las infracciones de las leyes y reglamentos referentes a loterías, casas de juego y de préstamo sobre prendas’. O sea, asume que esas actividades son reguladas por otra ley y que aquí se establecen solamente ciertas sanciones. Ninguna de las normas del Código Penal de 1875 -mal podría hacerlo- alcanza a una actividad económica digital”.

El abogado de las cuatro casas de apuestas explicó que “la única ley vigente sobre la materia en Chile es la número 19.995, que regula la actividad de los casinos de juego. Y a ellos sí les impone la prohibición de ofrecer juegos online. A nadie más”.

Por último, Bofill dijo que todos están de acuerdo en que la actividad debe ser regulada “para generar todas las externalidades positivas que cabe esperar de una actividad económica propia de los tiempos”.

El tema de las casas de apuestas adquirió especial relevancia en el último tiempo cuando varios clubes de fútbol sumaron como patrocinadores a importantes empresas de apuestas online, mientras que los casinos mantienen una contienda legal contra ellas. 

Ver también: Juego online en Chile: se espera que el Gobierno adopte pautas más claras

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