Polémica en México por el cierre del casino Winpot en Pachuca
Desde el establecimiento señalan que la clausura responde a intereses políticos y acusan al gobernador Julio Menchaca Salazar de no acatar las resoluciones judiciales.
México.- La reciente clausura del casino Winpot en Pachuca, Hidalgo, ha desencadenado una ola de críticas y sospechas en diversos sectores, entre ellos el empresarial y político. Más de 200 empleados se han visto afectados por la decisión de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo (Copriseh), bajo la dirección de Luis Alberto Mercado Hernández. A pesar de que el casino cumplía con todos los permisos y normativas requeridas, la clausura se justificó bajo el argumento de violaciones a la Ley General para el Control del Tabaco, un tema en el que el casino asegura tener un amparo que le permite seguir operando.
Lo que ha generado controversia es la falta de intervención por parte del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, quien no ha dado respuesta a las resoluciones judiciales que ordenan la reapertura del establecimiento. El silencio del mandatario ante las órdenes judiciales ha levantado sospechas sobre posibles conflictos de interés en torno a la clausura.
Investigaciones sugieren que el casino Vía Dorada, ubicado a escasos metros de Winpot, podría haberse beneficiado del cierre de su competencia. Este casino pertenece a las empresas Petolof S.A. de C.V. y Hermes S.A. de C.V., cuyos accionistas incluyen a Elías Marianno Gil Valdez, actual secretario de Administración de Hidalgo e hijo de Sergio Jacinto Gil García, vinculado a escándalos de corrupción en el ámbito del juego. Según documentos difundidos por diversos medios de comunicación, Gil García también está relacionado con la apertura de un casino en San Jerónimo, contradiciendo las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de no permitir la expansión de este tipo de establecimientos.
El caso suma otro aditamento cuando se menciona a Juan Carlos Martínez Domínguez, otro de los accionistas de Hermes S.A. de C.V., a quien se le señala una presunta participación en esquemas de corrupción, entre ellos el desvío de fondos públicos y el fraude en la venta de materiales a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Estas conexiones han alimentado las sospechas de que la clausura de Winpot podría responder a intereses personales o empresariales.
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A pesar de las resoluciones judiciales que ordenan la reapertura de Winpot, el casino sigue cerrado, lo que ha afectado gravemente a los empleados y ha generado inquietud sobre la transparencia en la administración pública estatal. Los actores políticos y empresariales locales piden una pronta respuesta del gobierno para esclarecer estos hechos y garantizar el respeto a las decisiones judiciales. En tanto, los afectados por el cierre continúan esperando una solución que les permita recuperar sus empleos y derechos laborales.
