Puerto Rico realiza su primer operativo de confiscación de tragamonedas ilegales en ruta
La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y la Policía llevaron a cabo intervenciones simultáneas en San Juan y Carolina, en las que incautaron 17 máquinas que operaban fuera del marco legal tras la entrada en vigor del nuevo reglamento de confiscaciones.
Puerto Rico.- La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico (CJPR), en coordinación con la Policía de Puerto Rico, realizó el primer operativo oficial de ocupación de máquinas tragamonedas instaladas en comercios, conocidas localmente como “máquinas en ruta”. La intervención se desarrolló simultáneamente en los municipios de San Juan y Carolina, donde se incautaron 17 equipos que operaban en violación a la normativa vigente.
El procedimiento estuvo a cargo de la División de Investigaciones de la comisión y se enmarca en la reciente entrada en vigor del Reglamento de Confiscaciones de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta (Reglamento Núm. 9718), adoptado de manera conjunta por las autoridades regulatorias y la policía para establecer el proceso formal de ocupación y confiscación de estos dispositivos.
“Hoy ejecutamos junto a la Policía de Puerto Rico el primer operativo de ocupación de máquinas de juegos de azar en ruta. Nuestro mensaje es claro, todo comerciante que opere fuera del marco legal se expone a intervenciones, ocupaciones y confiscaciones”, afirmó el director ejecutivo de la comisión, Juan Carlos Santaella Marchán.
Según explicó el funcionario, antes de la implementación plena de la ley se otorgó un período para que los operadores regularizaran su situación. Durante ese lapso, numerosos empresarios acudieron voluntariamente a registrar sus máquinas ante la autoridad regulatoria.
“A raíz de la implementación de la ley, una cantidad significativa de operadores acudió voluntariamente a nuestras oficinas para legalizar sus máquinas. Ese período, durante el cual todos tuvieron la misma oportunidad de hacerlo, culminó”, sostuvo Santaella Marchán, quien advirtió que continuar operando fuera de la normativa “constituye una competencia desleal hacia otros comerciantes que están aportando económicamente al Estado”.
De acuerdo con la legislación vigente, cualquier propietario de máquina, operador o comerciante que mantenga dispositivos ilegales incurre en un delito. Las sanciones pueden incluir hasta seis meses de cárcel, multas de hasta US$10.000 o ambas penalidades, además de la posible revocación de permisos comerciales.
La autoridad regulatoria también llamó a la colaboración ciudadana para detectar operaciones irregulares, invitando a denunciar de forma confidencial a los comercios que utilicen máquinas ilegales.
Los ingresos generados por las máquinas autorizadas se distribuyen entre distintos destinos públicos: 55 por ciento se destina al fideicomiso de retiro de la policía, 40 por ciento a los municipios y 5 por ciento a cubrir gastos operacionales de la comisión.
