Entra en vigor en Puerto Rico el reglamento que habilita la confiscación de tragamonedas ilegales
El estatuto establece normas claras para el retiro y manejo de tragamonedas ilegales y se suma a la interconexión obligatoria como eje central del control fiscal y operativo.
Puerto Rico.- El Gobierno de Puerto Rico activó ayer, jueves 22 de enero, el Reglamento de Confiscaciones de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, una herramienta clave para reforzar el control sobre las tragamonedas que operan sin licencia o en violación de la normativa vigente en comercios de la isla.
El Reglamento Núm. 9718, adoptado conjuntamente por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico (CJPR) y la Policía de Puerto Rico, establece los criterios y procedimientos para la ocupación, custodia, conservación y disposición final de las máquinas tragamonedas ilegales, así como las distintas etapas del proceso administrativo, incluyendo el derecho a impugnación por parte de los involucrados.
Desde la Comisión de Juegos aclararon que la entrada en vigor del reglamento no implica nuevas cargas económicas para los comerciantes, ya que las multas y sanciones aplicables surgen directamente de la legislación existente.
“La promulgación de este reglamento responde a una obligación impuesta por ley y reafirma nuestro compromiso de ejecutar procesos claros, justos y uniformes en la fiscalización de las máquinas de juegos de azar en ruta”, sostuvo el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán.
La normativa también crea un fondo especial que se nutrirá de los ingresos generados por aranceles, multas, sanciones administrativas, intereses, gastos incurridos y transacciones extrajudiciales vinculadas a estos procedimientos. Las máquinas confiscadas serán trasladadas a un almacén bajo control de la Comisión de Juegos, según se informó oficialmente.
En cuanto al destino de los recursos, los ingresos provenientes de las máquinas de juegos de azar en ruta se distribuirán conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 42-2020. Los primeros US$12m se asignan al Fondo General del Gobierno y, una vez alcanzado ese umbral, el 55 por ciento de los ingresos adicionales se deposita en el Fideicomiso para el Retiro de la Policía. De acuerdo con los datos más recientes, la recaudación se encuentra próximo a alcanzar ese límite.
Santaella Marchán advirtió además sobre las consecuencias legales de operar fuera del marco regulatorio. “Es importante destacar que todo dueño de máquina, operador, dueño de negocio o cualquier otra persona que opere una máquina sin licencia y marbete vigente incurrirá en un delito menos grave y se expone a una pena máxima de seis meses de cárcel, multas de hasta US$10.000, o ambas, a discreción del tribunal, además de la revocación de otros permisos”, enfatizó.
El funcionario también instó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades. “Exhortamos a toda persona que tenga conocimiento de algún comercio que incurra en esta práctica a que lo reporte de forma confidencial a través de nuestra página de Internet, bajo el Negociado de Juegos de Azar – Máquinas en Ruta”, indicó.
La puesta en marcha de este reglamento se inscribe en una estrategia más amplia de fortalecimiento del control estatal sobre el juego en ruta, que incluye la reciente implementación de la interconexión obligatoria de las tragamonedas para mejorar la fiscalización de ingresos y asegurar una distribución más transparente de los fondos destinados al retiro de la Policía, los municipios y el Fondo General.
