A una semana del inicio de la interconexión, persisten las dudas sobre el futuro de miles de tragamonedas en Puerto Rico
La orden de la Comisión de Juegos que pone en marcha la interconexión obligatoria de las máquinas tragamonedas en ruta no aclara qué ocurrirá con los equipos de “limitaciones tecnológicas” una vez finalizado el período de transición, lo que genera preocupación entre operadores a pocos días del vencimiento del plazo clave.
Puerto Rico.- A una semana de que comience el proceso obligatorio de interconexión de las máquinas tragamonedas en ruta en Puerto Rico, el sector enfrenta un escenario marcado por la incertidumbre. Si bien la Comisión de Juegos fijó el 14 de enero de 2026 como fecha de inicio de la transición hacia un mayor control fiscal y operativo, persisten dudas relevantes sobre el alcance real de la medida y, en particular, sobre el futuro de miles de equipos actualmente en funcionamiento.
Las preocupaciones fueron expuestas públicamente por el abogado Graciani Betancourt, quien representa a una parte significativa de los operadores del sector. En declaraciones a NotiCel, Betancourt advirtió que la orden administrativa emitida por la Comisión se concentra exclusivamente en el período de transición, pero no establece con claridad qué sucederá luego de abril de 2027, cuando ese plazo concluya.
El documento oficial, fechado el 11 de diciembre, dispone que el proceso de interconexión comenzará el 14 de enero para las denominadas máquinas de juegos de azar en ruta. A partir de esa fecha, los operadores tendrán 90 días para suscribir contratos con proveedores certificados, presentar esa documentación ante la Comisión e iniciar la conexión de los equipos, que permitirá reportar de manera automática los ingresos y los premios pagados.
Sin embargo, el núcleo de la controversia gira en torno a las llamadas máquinas con “limitaciones tecnológicas”, que solo pueden reportar información básica. Según Betancourt, la orden no aclara si estos equipos podrán continuar operando una vez concluido el período de transición ni define qué tipo de máquinas podrán adquirirse durante y después de ese proceso.
“La orden de la Comisión solo se concentra en el periodo de transición y no establece qué pasará luego de abril de 2027, cuando culmina ese término”, señaló el abogado, quien agregó que tampoco se especifica si las máquinas con limitaciones tecnológicas estarán habilitadas para seguir funcionando tras ese plazo.
El impacto potencial es significativo. De acuerdo con datos aportados por el propio Betancourt, cerca del 90 por ciento de las aproximadamente 23.000 máquinas licenciadas en la isla corresponden a este tipo de tecnología. En contraste, solo unas 1.500 unidades de nueva generación están actualmente en operación, con un valor estimado de US$15.000 por equipo, lo que plantea dudas sobre la capacidad del mercado para reemplazar masivamente los dispositivos más antiguos.
A esto se suma el costo de adaptación: cada operador debería invertir alrededor de US$110.000 para instalar el software necesario para la interconexión, sin contar con certezas sobre la viabilidad futura de sus equipos. Según el abogado, desde el verano pasado intentó obtener definiciones formales por parte de la Comisión de Juegos, incluso mediante una carta dirigida a su director ejecutivo, Juan Carlos Santaella Marchán, que no habría recibido respuesta.
La falta de precisiones contrasta con la relevancia fiscal de la actividad. La industria de tragamonedas en ruta aporta unos US$40m anuales al erario público, fondos que se destinan en parte al Fideicomiso de Retiro de la Policía, a los municipios y al Fondo General.
Con el inicio del proceso a la vuelta de la esquina y sin nuevas comunicaciones oficiales, el sector llega al 14 de enero en un clima de expectativa y cautela. A una semana del vencimiento del plazo, operadores y proveedores aguardan definiciones que permitan despejar el panorama regulatorio y planificar inversiones en un mercado clave para la recaudación del Estado.
