Puerto Rico: operadores de tragamonedas se niegan al nuevo pago que exige la Comisión

La reglamentación sobre la operación de las máquinas está bajo revisión.
La reglamentación sobre la operación de las máquinas está bajo revisión.

Sostienen que el segundo tributo correspondiente a las licencias de máquinas de juego es ilegal. Fuerte rechazo en la zona norte del país.

Puerto Rico.- La pelea entre la Unión de Operadores de Máquinas en Ruta (UNOMAR) y la Comisión de Juegos de Puerto Rico no tiene tregua. Al reciente e insistente pedido UNOMAR por la destitución del presidente de la Comisión, Orlando Rivera Carrión, se suma el rechazo de los operadores al segundo pago que exige el ente regulador correspondiente a la licencias de las máquinas.

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La negativa de los operadores se da luego de que la Junta de Control Fiscal (JCF) determinara que el cobro de licencias no procede porque no hay un reglamento vigente que administre el procedimiento de operación de las máquinas de juegos de azar en ruta.

Por este motivo, el coordinador de los operadores en el área norte del país, Aníbal Villafañe Fernández, subrayó la ilegalidad del tributo.

Desde UNOMAR informaron que están recibiendo una segunda solicitud de pago para las licencias que otorgó la Comisión de Juegos de Azar, a razón de USD500 por cada unidad. Según los datos de la Comisión, 93 de los 100 operadores de máquinas ya pagaron los primeros USD500 del plan de pago concedido, del total de USD1,500 por licencia de máquina.

“El hecho es que el cobro no procede en estos momentos, ya que está vigente la determinación de la JFC. Más aún, el cobro enviado por el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre -a través del director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Azar, Orlando Rivera Carrión- viola la última determinación de la Junta y la Ley Promesa aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, que consta en una carta enviada por la JCF a la Comisión de Juegos”, señaló Villafañe Fernández.

En la fase actual, se explicó que la Comisión puede conceder licencias hasta el máximo de 25,000 máquinas, que pueden fluctuar entre el mínimo de 100 y el máximo de 250 máquinas por licencia y por operador.

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Villafañe Fernández sostuvo que “los operadores han sido engañados, ya que se supone que el pago de la licencia -para la que muchos de ellos emitieron un primer pago- les permitiría una interconexión y la oportunidad de pagar premios a sus clientes, pero no existe el proceso de conexión central de las máquinas”.

De la vereda de enfrente, la Comisión de Juegos no detiene sus controles contra la operación de máquinas de juego ilegales, y desde febrero lleva emitidas multas por más de USD 1m contra los infractores. 

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