Lula da Silva sancionó la ley que regula las apuestas deportivas y los juegos de azar virtuales en Brasil
El presidente promulgó el Proyecto de Ley 3626/23 que ahora se convirtió en la Ley 14790. En la sanción el mandatario vetó algunos aspectos que habían sido aprobados en la votación final en la Cámara de Diputados.
Brasil.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó el proyecto de ley que regula y establece una serie de impuestos para las empresas y usuarios de apuestas deportivas y juegos de azar por internet. Según un comunicado de la Presidencia, Lula sancionó la noche del sábado el proyecto que había sido aprobado en la madrugada del pasado 22 de diciembre por la Cámara de Diputados, tras las modificaciones recibidas por el Senado. De esta manera, el Proyecto de Ley 3626/23 fue rubricado y se convirtió en la nueva Ley 14790.
El proyecto establece que las empresas tendrán que pagar un 12 por ciento sobre su facturación, mientras que a los apostantes se les aplicará un 15 por ciento sobre el valor neto de los premios que obtenga en un año y siempre que estos superen los R$ 2.112 (USD 430). El Gobierno pretendía, en su propuesta inicial, una tasa del 18 por ciento sobre la facturación de la empresa y del 30 por ciento para los apostadores premiados, porcentajes que bajaron durante el trámite y las negociaciones parlamentarias para su aprobación.
Lula vetó que los premios por debajo de ese valor de R$ 2.112 sean eximidos de tributación, como había aprobado el Congreso, y ahora, de acuerdo con la sanción presidencial, deberán pagar una tasa, aunque menor.
Los otros vetos fueron para la promoción gratuita en algunos comerciales y el que ahora establece de manera obligatoria la investigación de denuncias por valores inferiores a R$ 10.000 (USD2.060) antes de ser archivadas.
El texto de la norma establece que cada empresa de apuestas deportivas necesitará autorización gubernamental para operar en el país. La casa de apuestas deberá tener su sede y estar constituida en Brasil y tener como socio a un brasileño, que posea al menos el 20 por ciento del capital social. Para operar deberá pagar una licencia de operación en Brasil que puede alcanzar hasta R$ 30m (USD 6m) y la misma tendrá una vigencia de cinco años.
Los socios o el accionista mayoritario de la casa de apuestas no podrán participar, directa o indirectamente, en una Sociedad Anónima de Fútbol (SAF) u organización deportiva profesional; ser gerente de un equipo deportivo brasileño o de instituciones financieras y de pago que procesen apuestas. Además, estarán prohibidas las apuestas de menores de edad y de personas que puedan tener influencia en el resultado. Para esto, cada empresa debe adoptar tecnología de identificación o reconocimiento facial para verificar la identidad del apostante.
Repartición de los recursos
El texto de la ley establece que los recursos generados por la industria que sean destinados a las arcas estatales se repartirán de la siguiente manera:
- 36 por ciento para el Ministerio de Deportes y comités deportivos
- 28 por ciento para el Ministerio de Turismo
- 13,6 por ciento para la Seguridad Pública
- 10 por ciento para el Ministerio de Educación
- 10 por ciento para la Seguridad Social
- 1 por ciento destinado a Salud
- 0,5 por ciento para entidades de la sociedad civil
- 0,5 por ciento al Fondo para el Equipamiento y Operacionalización de Actividades Básicas de la Policía Federal (Funapol)
- 0,40 por ciento para la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial
Juego responsable
En el informe final aprobado se mantuvieron los aspectos previamente definidos por la Cámara y avalados por el Senado en materia de juego responsable, integridad deportiva y publicidad, así como la prohibición de apuestas a menores de edad. El proyecto aprobado continúa también con la responsabilidad del Ministerio de Hacienda de regular la obligación de los operadores de apuestas de desarrollar sistemas de seguimiento de la actividad de los clientes.
El objetivo es identificar los daños asociados al juego, desde el momento en que se abre una cuenta. Se establecieron algunos criterios:
- Gastos del cliente
- Patrones de gastos
- Tiempo empleado jugando
- Indicadores de comportamiento de juego
Publicidad
Los canales electrónicos utilizados por el agente operador deberán mostrar claramente datos como el número y fecha de publicación de la ordenanza de autorización, dirección física de su sede, datos de contacto de atención al cliente y defensoría del pueblo.
Las acciones de comunicación y publicidad de las apuestas de lotería, realizadas por los agentes operadores, deberán incluir advertencias desalentadoras del juego y advertencias sobre su perjuicio, además de observar restricciones en horarios y canales de transmisión. Se prohibirá la publicidad que presente los juegos de azar como socialmente atractivos o que contenga declaraciones de personalidades conocidas que sugieran que los juegos de azar contribuyen al éxito social o personal.
Además, quedará prohibida la difusión de afirmaciones infundadas sobre las probabilidades de ganar, o que den a entender que las apuestas pueden constituir una alternativa al empleo, una solución a problemas económicos o una forma de inversión financiera. El texto también prohíbe al agente operador adquirir derechos sobre eventos deportivos para cualquier forma de exhibición de sonidos e imágenes.
Penalizaciones
Las infracciones a la ley serán investigadas a través de un proceso administrativo, con sanciones para los agentes operativos que violen las normas legales y regulatorias, que van desde advertencias hasta multas de hasta el 20 por ciento de los ingresos recaudados. Según el texto, la multa no puede ser inferior a la ventaja obtenida por el infractor ni superior a R$ 2.000m (USD 404m).
Entre las sanciones impuestas, podrán estar la suspensión parcial o total del ejercicio de actividades hasta por 180 días, revocación de la autorización, prohibición de obtener nuevas autorizaciones hasta por 10 años, prohibición de participar en licitaciones por un período no menor a 5 años, e inhabilitación para actuar como director de una empresa que opere cualquier modalidad de lotería hasta por 20 años.
El Ministerio de Hacienda también podrá dejar de iniciar o suspender, en cualquier estado anterior a la adopción de la decisión de primera instancia, el proceso administrativo encaminado a investigar la infracción prevista, si el investigado firma un término de compromiso en el que queda obligado a poner fin a la práctica investigada y corregir las irregularidades detectadas.
