El Senado de Brasil aprobó el Proyecto de Ley para regular las apuestas deportivas

Tras las modificaciones el texto de la norma deberá volver a la Cámara de Diputados para su revisión. Los casinos online y los juegos virtuales fueron dejaron fuera de la norma.

Brasil.- Tras las demoras y postergaciones, finalmente, el Senado procedió a la votación del Proyecto de Ley 3626/23 para reglamentar las apuestas deportivas con saldo positivo para la aprobación de la nueva norma.

El proyecto de ley, elaborado e impulsado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado mediante informe del senador Angelo Coronel. A raíz de las modificaciones en el Senado, el texto regresará a la Cámara de Diputados para su análisis. También se votaron tres puntos destacados, de los cuales dos fueron aprobados.

Con 37 votos a favor y 27 en contra, los senadores incluyeron una enmienda del senador Carlos Portinho que limita el alcance del proyecto a juegos basados ​​en hechos reales, excluyendo los juegos de casino online. También fue aceptada (con 45 votos a favor y 23 en contra) una enmienda de la senadora Tereza Cristina, que excluye del proyecto la instalación de máquinas físicas.

Por 36 votos a favor y 25 en contra, los senadores decidieron mantener la publicidad de las apuestas en los recintos deportivos y el patrocinio de las casas de juego para los deportistas; una enmienda que prohibía estas prácticas había sido presentada por el senador Eduardo Girão, pero terminó siendo rechazada.

El texto modifica la ley que prevé la distribución gratuita de premios con fines publicitarios (Ley 5.768, de 1971) y la ley que trata sobre la asignación de ingresos de lotería y la modalidad de lotería de apuestas de cuota fija (Ley 13.756, de 2018). La lotería de apuestas de cuota fija es un sistema de apuestas que incluye eventos de juegos virtuales en línea y eventos deportivos reales, como partidos de fútbol y tenis, por ejemplo. En esta modalidad, el apostante ganará si cumple alguna condición del juego o el resultado final del partido.

El proyecto establece la tributación de los operadores de empresas de apuestas y de los apostantes ganadores. La Ley 13.756, de 2018, que creó este tipo de lotería, dispuso que las empresas se quedarían con el 95 por ciento de los ingresos brutos (después del pago de premios y el impuesto a la renta), mientras que el proyecto permite el 88 por ciento. El texto también determina que los operadores deberán pagar una subvención de hasta R$ 30m (USD 6m) para operar apuestas.

Distribución de ganancias

Según el proyecto, el deporte de fantasía, un deporte electrónico en el que las disputas se desarrollan en un entorno virtual, basadas en la actuación de personas reales, no constituye la explotación de una modalidad de lotería. Así, la modalidad está exenta de autorización por parte de las autoridades públicas.

De acuerdo al proyecto votado, las ganancias generadas se repartirán entre diversos sectores. El 2 por ciento irá a parar a la seguridad social. Otros destinatarios de los recursos serán las áreas de deporte (6,63 por ciento) y turismo (5 por ciento).

En el deporte, las cuantías se repartirán entre el Ministerio de Deporte (4 por ciento), los deportistas (1,13 por ciento) y confederaciones deportivas específicas, con porcentajes que oscilarán entre el 0,05 por ciento y el 0,4 por ciento. Medio por ciento del importe se destinará a los departamentos de deportes estatales, que deberán distribuir la mitad a los departamentos de deportes municipales, proporcionalmente a la población de la ciudad. En turismo, el 4 por ciento se destinará al Ministerio de Turismo y el 1 por ciento a Embratur.

Según la propuesta, la educación recibirá el 1,82 por ciento de lo recaudado. Dentro de este monto, se asignarán 0,82 puntos porcentuales a las escuelas de primera infancia o escuelas primarias y secundarias que hayan alcanzado las metas de resultados de la evaluación nacional. El resto (1 por ciento) irá a escuelas técnicas secundarias públicas.

Ver también: Brasil: 133 empresas ya expresaron interés al Ministerio de Hacienda para operar apuestas deportivas

Autorizaciones

Para que sea posible la explotación por parte del agente operador (es decir, la empresa que opera el sistema de apuestas), la futura norma requerirá la autorización del Ministerio de Hacienda, con un plazo de hasta cinco años y podrá ser revisada en cualquier momento. Las personas jurídicas deben cumplir varios requisitos, como tener sede y administración en el territorio nacional, tener al menos un miembro del grupo de control con conocimientos y experiencia comprobados en juegos, apuestas o loterías, y cumplir con requisitos técnicos y de ciberseguridad.

El procedimiento de autorización administrativa se tramitará electrónicamente y, durante su análisis, el acceso quedará restringido únicamente al interesado y a quien lo represente. La autorización sólo se emitirá si, luego de examinar la documentación y evaluar la capacidad técnica y financiera de la empresa y la reputación y conocimientos de sus controladores y administradores, el Ministerio de Hacienda concluye que se han cumplido todos los requisitos legales y reglamentarios. También se cobrará una contraprestación fija, prevista en el reglamento y limitada a R$ 30m (USD 6m).

Publicidad

Los canales electrónicos utilizados por el agente operador deberán mostrar claramente datos como el número y fecha de publicación de la ordenanza de autorización, dirección física de su sede, datos de contacto de atención al cliente y defensoría del pueblo.

Las acciones de comunicación y publicidad de las apuestas de lotería, realizadas por los agentes operadores, deberán incluir advertencias desalentadoras del juego y advertencias sobre su perjuicio, además de observar restricciones en horarios y canales de transmisión. Se prohibirá la publicidad que presente los juegos de azar como socialmente atractivos o que contenga declaraciones de personalidades conocidas que sugieran que los juegos de azar contribuyen al éxito social o personal.

Además, quedará prohibida la difusión de afirmaciones infundadas sobre las probabilidades de ganar, o que den a entender que las apuestas pueden constituir una alternativa al empleo, una solución a problemas económicos o una forma de inversión financiera. El texto también prohíbe al agente operador adquirir derechos sobre eventos deportivos para cualquier forma de exhibición de sonidos e imágenes.

Integridad de las apuestas

Los eventos deportivos sujetos a apuestas de cuotas fijas incluirán acciones para mitigar el amaño de partidos y la corrupción en eventos en vivo, y se anularán las apuestas que se haya demostrado que se realizaron mediante amaño de partidos y corrupción.

Los recursos de los apostantes no pueden ser puestos en garantía para avalar deudas asumidas por la empresa operadora de apuestas y el agente operador deberá adoptar procedimientos de identificación que permitan verificar la validez de la identidad de los apostantes.

Se impedirá realizar apuestas a menores de edad, personas con influencia significativa o empleados de la empresa operadora de apuestas, agentes públicos con funciones directamente relacionadas con la regulación y supervisión de la actividad, personas que tengan o puedan tener acceso a sistemas informatizados de lotería, de la apuesta, y cualquier persona que tenga o pueda tener influencia en el resultado del evento de lotería, como atletas y otros participantes.

Vencimiento de las apuestas

El apostante pierde el derecho a recibir su premio o a solicitar reembolsos si el pago adeudado no se acredita en su cuenta gráfica mantenida con el agente operador y no es reclamado por el apostante dentro de los 90 días, contados a partir de la fecha de publicación del resultado de el evento objeto de la apuesta.

Los montos de los premios no reclamados serán devueltos en un 50 por ciento al Fondo de Financiamiento a Estudiantes (Fies) y la restante mitad al Fondo Nacional de Calamidades Públicas, Protección y Defensa Civil (Funcap), sujeto a la programación financiera y presupuestaria del Ejecutivo federal.

Penalizaciones

Las infracciones a la ley serán investigadas a través de un proceso administrativo, con sanciones para los agentes operativos que violen las normas legales y regulatorias, que van desde advertencias hasta multas de hasta el 20 por ciento de los ingresos recaudados. Según el texto, la multa no puede ser inferior a la ventaja obtenida por el infractor ni superior a R$ 2.000m (USD 404m).

Entre las sanciones impuestas, podrán estar la suspensión parcial o total del ejercicio de actividades hasta por 180 días, revocación de la autorización, prohibición de obtener nuevas autorizaciones hasta por 10 años, prohibición de participar en licitaciones por un período no menor a 5 años, e inhabilitación para actuar como director de una empresa que opere cualquier modalidad de lotería hasta por 20 años.

El Ministerio de Hacienda también podrá dejar de iniciar o suspender, en cualquier estado anterior a la adopción de la decisión de primera instancia, el proceso administrativo encaminado a investigar la infracción prevista, si el investigado firma un término de compromiso en el que queda obligado a poner fin a la práctica investigada y corregir las irregularidades detectadas.