La prohibición hace que crezca el juego ilegal en Valencia

El juego fuera de la ley creció un 17%. También se perdieron 2.500 empleos.

España.- En junio de 2020 el Gobierno de la Generalitat Valenciana aprobó la Ley 1/2020 del juego, la regulación más restrictiva de todas las puestas en marcha por parte de las comunidades autónomas españolas para regular la actividad. Entre otras modificaciones, la norma contemplaba una distancia de 850 metros entre locales de juego y centros escolares, además del cierre de prácticamente todos los locales de apuestas ya que cancelaba la renovación de sus licencias. La decisión se tomó tras una escalada del juego problemático en la región y supuso el cierre de facto encubierto de muchas de las empresas del sector.

En la previa, la norma parecía una buena idea: para que se jugara menos, se dificultaría el acceso al mismo. Pero la realidad no fue así y los efectos resultaron ser adversos. Porque si bien la norma sí ha conseguido cerrar locales de juego tuvo también otros efectos no deseados: según los datos del propio Gobierno, ha aumentado un 17 por ciento el juego ilegal y se han destruido 2.500 empleos.

Así, la medida prohibicionista ha tenido un efecto contrario al deseado. La injerencia del gobierno sólo logró que la calidad de los juegos de azar y apuestas empeore. La clandestinidad sólo aportó problemas. El juego ilegal se caracteriza por la falta de controles, por lo que acarrea mayores riesgos y permite el juego a menores y personas inscritas en los registros de auto-excluídos, además de la generación de empleo de peor calidad, y de menores recaudaciones de ingresos de impuestos para la administración pública.

Desde Valencia afirman que el efecto de esta normativa tuvo un efecto similar a la Ley Seca estadounidense de principios del Siglo XX, cuando la prohibición de la venta de alcohol hizo que proliferara la comercialización ilegal del mismo.

Empresarios en alerta

Hace tres meses, los empresarios del sector que tienen sus emprendimientos en la Comunidad Valenciana exigieron que el gobierno revea su decisión. SOS Hostelería, asociación en la que participan autónomos y empresarios del mundo de la hostelería de la Comunidad Valenciana, solicitó a través de un comunicado que se revise la Ley del Juego vigente para evitar problemas de inseguridad jurídica.

Según la asociación, la normativa restrictiva de la presencia de salones impulsada por la Generalitat Valenciana “ha provocado hasta ahora el cierre de diversos salones, a los que vencía su licencia, y la pérdida de casi un centenar de empleos directos e indirectos, la mayoría de ellos de personas mayores de 50 años de difícil reubicación en el mercado laboral”.

En ese sentido, el presidente de SOS Hostelería, Fidel Molina, dijo: “La Generalitat Valenciana debería revisar de oficio la ley y suprimir las distancias entre salones y centros públicos dado que hay una situación de inseguridad jurídica que puede llevar a que se abra un frente legal entre empresas titulares de salones afectadas y la administración valenciana”.

Además, para la organización hotelera, la imposición de distancias “no resuelve problema alguno dado que dicha prohibición no afecta a los juegos más populares y adictivos como son los rascas de la ONCE, que sí se pueden vender sin ningún control en la puerta de un colegio, o las loterías públicas”.

Molina aseguró en el comunicado que “las empresas de salones han impulsado y velado por el cumplimiento de las normativas de juego responsables y sus trabajadores son los que aplican las estrictas normativas de control de acceso a los salones”.

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