La Comisión de Juegos de Puerto Rico continúa con operativos en el marco del nuevo reglamento de confiscaciones de máquinas ilegales
En el segundo procedimiento desde la entrada en vigor del reglamento, se incautaron cerca de 30 máquinas ilegales.
Puerto Rico.- La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico (CJPR), en coordinación con la Policía de Puerto Rico, realizó el segundo operativo oficial de ocupación de máquinas tragamonedas instaladas en comercios, conocidas localmente como “máquinas en ruta”. La intervención se desarrolló simultáneamente en los municipios de San Juan y Cataño, donde se incautaron cerca de 30 equipos que operaban en violación a la normativa vigente y US$8,347 en efectivo.
El procedimiento estuvo a cargo de la División de Investigaciones de la comisión y se enmarca en la reciente entrada en vigor del Reglamento de Confiscaciones de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta (Reglamento Núm. 9718), adoptado de manera conjunta por las autoridades regulatorias y la policía para establecer el proceso formal de ocupación y confiscación de estos dispositivos.
Juan Carlos Santaella Marchán, director ejecutivo de la comisión, declaró: “Las máquinas de juegos de azar en ruta solo pueden operar dentro del marco legal establecido y quienes ignoren la ley se exponen a ocupaciones, confiscaciones y las penalidades correspondientes”.
Durante el operativo se intervinieron dos establecimientos comerciales en la zona metro. En el Colmado y Cafetería Caribe, en San Juan, se ocuparon 12 máquinas y US$7,910 en efectivo. Mientras tanto, en el negocio Mi Gente 2GO, ubicado en el sector Las Palmas en Cataño, se ocuparon 17 máquinas y US$437.
El superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, dijo: “Este tipo de operativo responde a nuestro compromiso firme con hacer cumplir la ley y garantizar que las máquinas de juegos de azar operen dentro del marco regulatorio establecido. La colaboración con la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico es fundamental para fiscalizar estos establecimientos, evitar prácticas ilegales y proteger tanto a los comerciantes que cumplen con la ley como a nuestras comunidades”.
Antes de la implementación plena de la ley se otorgó un período para que los operadores regularizaran su situación. Durante ese lapso, numerosos empresarios acudieron voluntariamente a registrar sus máquinas ante la autoridad regulatoria.
De acuerdo con la legislación vigente, cualquier propietario de máquina, operador o comerciante que mantenga dispositivos ilegales incurre en un delito. Las sanciones pueden incluir hasta seis meses de cárcel, multas de hasta US$10.000 o ambas penalidades, además de la posible revocación de permisos comerciales.
La autoridad regulatoria también llamó a la colaboración ciudadana para detectar operaciones irregulares, invitando a denunciar de forma confidencial a los comercios que utilicen máquinas ilegales.
Los ingresos generados por las máquinas autorizadas se distribuyen entre distintos destinos públicos: 55 por ciento se destina al fideicomiso de retiro de la policía, 40 por ciento a los municipios y 5 por ciento a cubrir gastos operacionales de la comisión.
