Reporte especial: El proyecto de ley para regular el juego en República Dominicana bajo la lupa
Focus Gaming News habló con David Moniz, presidente de la ADCJ, y la abogada Yamile Gutiérrez, quienes compartieron su visión acerca del proyecto de ley que busca establecer nuevos mecanismos de control y regulación sobre la industria del juego en el país.
Reporte especial.- La industria del juego en República Dominicana atraviesa un momento clave: en junio, el presidente Luis Abinader presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley para regular y supervisar el sector del juego en el país. La iniciativa, que contempla la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) e impone regulaciones y gravámenes considerables para cada tipo de operación, ha generado un intenso debate entre operadores, especialistas y autoridades, especialmente en torno a la protección del jugador y la sostenibilidad del sector.
Ante este escenario, Focus Gaming News dialogó en exclusiva con dos referentes del sector: David Moniz, presidente de la Asociación Dominicana de Casinos de Juego (ADCJ), y Yamile Gutiérrez, abogada especialista en legislación del juego, quienes analizaron los principales retos y oportunidades que enfrenta la industria en el país y compartieron su visión sobre el texto presentado por el Ejecutivo.
Regulación en la industria, medidas de seguridad y autonomía: las claves para un desarrollo integral
Moniz, en su rol de representante del sector de casinos, describe los puntos críticos que, desde la ADCJ, consideran que requieren de una revisión urgente: la restricción de operar solo en hoteles 4 o 5 estrellas, la vigencia limitada de las licencias, la base imponible sobre ventas brutas en vez de ingresos netos (GGR), la duplicidad de licencias, restricciones horarias y «burocracia excesiva en aprobaciones de importaciones y traslados».
Por su parte, Gutiérrez coincide en la necesidad de una modernización de la legislación, aunque crítica la falta de un marco integral de protección al jugador. Según ella, el proyecto “carece de una visión preventiva y protectora”. Por otro lado, si bien valora la incorporación de un Registro de Autoexclusión, considera que debe ser “obligatorio, interoperable entre operadores y contar con supervisión real”. Además, propone complementarlo con “límites de apuesta, alertas de riesgo, atención psicológica y capacitación del personal”.
Ambos expertos coinciden en la urgencia de actualizar el marco legal, aunque difieren en el énfasis: Moniz prioriza la estabilidad normativa y su impacto en las inversiones, mientras que Gutiérrez reclama autonomía para el órgano regulador y políticas más severas de protección social. Gutiérrez explica: «La falta de autonomía de la Dirección General compromete la aplicación objetiva y estable de la normativa. Cuando un regulador depende de decisiones políticas o carece de independencia técnica, se incrementa el riesgo de discrecionalidad, cambios repentinos de criterio y trato desigual entre operadores. Esto genera inseguridad jurídica, desalienta la inversión y debilita la confianza en el sistema. Para garantizar reglas claras, predecibles y aplicadas con equidad, es fundamental contar con una autoridad reguladora autónoma, con capacidad técnica, independencia operativa y estabilidad institucional».
Impacto económico y desafíos fiscales
En términos económicos, el sector de juego se estableció como una fuente estable de ingresos fiscales y empleo formal. En 2024 aportó más de 3.200 millones de pesos dominicanos (USD5.2m) y generó alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos. Antes de la pandemia y el surgimiento del Covid-19, la industria del juego estaba en auge, asegura Moniz, pero el impacto del aislamiento fue un duro golpe. “La recuperación ha sido gradual pero positiva gracias al repunte turístico y a la estabilidad macroeconómica», afirma el presidente de la ADCJ, aunque advierte que es fundamental adoptar «un modelo fiscal justo y sostenible, como el GGR, que asegure la recaudación sin asfixiar la rentabilidad formal». Además, plantea destinar «un porcentaje fijo de lo recaudado al financiamiento de programas de prevención, tratamiento y reinserción de personas con problemas de juego; y, establecer regulaciones claras y supervisadas que fomenten la formalidad y eliminen la oferta ilegal, que es la que carece de responsabilidad social».
Gutiérrez respalda la misma postura: “Lo ideal es adoptar una base impositiva sobre el GGR, como lo hacen muchos países modelos. Asimismo, se deben evitar cargas impositivas duplicadas y considerar mecanismos de incentivo para la formalización y la inversión tecnológica”. Gutiérrez, además, resalta que «es imprescindible que el Estado garantice una recaudación eficiente, pero sin comprometer la viabilidad económica del operador formal, cuya permanencia asegura inversión, empleo y cumplimiento tributario».
Con respecto al destino que se le asigne a dicha recaudación, Gutiérrez advierte que el proyecto de ley dominicano prioriza la recaudación, pero no establece mecanismos claros ni obligatorios para financiar la prevención y el tratamiento de la ludopatía. “Este vacío es preocupante, ya que un modelo fiscal equilibrado debe vincular parte de los ingresos del juego a políticas públicas de salud y protección al jugador”, sentencia. Moniz y Gutiérrez creen que el esquema tributario basado en ventas brutas puede desalentar la inversión y fomentar la informalidad sin un esquema social que lo combata.
El reto de las plataformas digitales
El juego online en República Dominicana opera en un entorno legal aún en desarrollo. Formalmente, la legislación actual no contempla un régimen específico para casinos y apuestas online y solo cuatro plataformas locales cuentan con una licencia express: Juancito Sports, Superbets, Gogo Sports y Betcris.
En este aspecto, tanto Moniz como Gutiérrez advierten sobre vacíos regulatorios y desafíos en ciberseguridad, control de acceso y protección al consumidor en entornos virtuales. Moniz describe el fenómeno como un cambio estructural en el modelo de negocio: «Plataformas online y apps móviles han ampliado el alcance del mercado más allá de la ubicación física, pero también dispersan la base de clientes tradicionales y requieren inversiones tecnológicas y sistemas de ciberseguridad».
El presidente de la ADCJ considera clave para el crecimiento de la industria en el país que se le de un lugar mas relevante al juego online en el sector legal y agrega agrega que es importante supervisar las plataformas digitales con la misma eficacia que a los casinos físicos; y sugiere la «creación de mecanismos de protección al consumidor (límites, autoexclusión, control parental) integrados en las plataformas online.
Gutiérrez, por su parte, subraya las falencias del proyecto de ley en lo que respecta a esta vertical del juego: «Lamentablemente el proyecto de ley no contempló estas nuevas modalidades. Tampoco incorpora herramientas concretas para proteger al consumidor en entornos virtuales». Esto, sentencia, deja un vacío regulatorio importante frente a los riesgos propios del entorno online. Además, la abogada señala la ausencia de controles de acceso, límites de juego y canales de denuncia digital, algo que en otros países ya se estudió y se puso en práctica de manera exitosa para promover el juego controlado y combatir la ludopatía infantil.
Buenas prácticas internacionales y modernización
Gutiérrez destaca que varios países ofrecen modelos con buenas prácticas que podrían fortalecer el sistema en República Dominicana. “Colombia y España utilizan sistemas de trazabilidad en tiempo real, lo que permite un control más eficiente y transparente. El Reino Unido destaca por sus medidas de protección al jugador, como los registros de autoexclusión y límites de apuestas. Y Perú ha implementado un sistema de licencias segmentadas, adaptado a cada tipo de juego”, ejemplifica.
Turismo y casinos: una alianza estratégica
Moniz propone potenciar la relación entre turismo y casinos integrando a estos últimos en la estrategia nacional de turismo de entretenimiento y congresos, generando programas de promoción conjunta con hoteles, aerolíneas y tour operadores, e incentivando inversiones que combinen casinos con propuestas culturales, gastronómicas y artísticas locales. Para el presidente de la ADCJ, la clave es “desarrollar marcos regulatorios estables y competitivos que atraigan Inversión Extranjera Directa (IED) y posicionen a República Dominicana como un hub de turismo de entretenimiento en el Caribe».
Perspectivas para el futuro
De cara al futuro, Moniz y Gutiérrez coinciden en la necesidad de modernizar la regulación, integrar nuevas tecnologías de forma segura, equilibrar la recaudación con la sostenibilidad y priorizar el juego responsable. Moniz considera que la «modernización y estabilidad regulatoria», la integración digital con una experiencia física robusta, las alianzas público-privadas y la adopción de prácticas globales de juego responsable y ciberseguridad son claves.
Gutiérrez también menciona un marco legal moderno y técnicamente sólido, pero suma la protección del consumidor y la autonomía del regulador como pilares imprescindibles y enfatiza que, «solo a través de estas bases estructurales, es posible construir un entorno confiable, competitivo y alineado con las mejores prácticas internacionales y que sea de beneficio para todas las partes, Estado, operadores y jugadores».
