Euromat exhortó a a la Comisión Europea a actuar contra la Ley del Juego de Valencia

La entidad se sumó a las críticas al nuevo marco legal impuesto por el gobierno valenciano e instó a la organización europea a que tome cartas en el asunto.

España.- La Federación Europea de Juegos y Diversión (EUROMAT), la cual representa los intereses de la industria de máquinas recreativas en toda la comunidad europea, exhortó a la Comisión Europea a abordar las preocupaciones sobre transparencia y procedimiento que surgieron luego de la adopción de la ley de juegos de azar por parte del Gobierno Valenciano.

EUROMAT está preocupada de que una obligación impuesta a los Estados miembros por la Directiva (UE) 2015/1535, de notificar a la Comisión Europea los proyectos de regulaciones técnicas antes de su adopción, no haya sido tenida en cuenta por las autoridades valencianas. Se introdujeron varias modificaciones significativas a la ley, a través de enmiendas, que nunca fueron notificadas y son contrarias al correcto proceder de la creación de un marco legal.

“Es importante que la legislación de la Unión Europea sea plenamente respetada por todos los Estados miembros y que los cambios legales se examinen a fondo utilizando el procedimiento de notificación correcto, explicó el presidente de EUROMAT, Jason Frost, quien agregó: «Instamos a la Comisión Europea a que estudie detenidamente este caso concreto, ya que es evidente que se han introducido modificaciones sustanciales en la Ley del Juego que no han sido notificadas. A menos que la legislación de la UE se aplique correctamente, las empresas carecen de seguridad jurídica». La Comisión Europea está investigando actualmente el asunto, aunque no se ha pronunciado públicamente hasta el momento sobre el avance de esa investigación.

Ver también: Empresarios valencianos piden revisar la ley del juego

En opinión de Euromat, es esencial que los Estados miembros notifiquen debidamente los textos legales para que la Comisión y los países de la UE afectados puedan llevar a cabo revisiones exhaustivas. Esta entidad, que reúne a las principales asociaciones europeas y a la que pertenece el Club de Convergentes, ha planteado esta preocupación a la Comisión y espera una rápida conclusión de su investigación.

Las críticas al flamante marco normativo se vienen reiterando desde hace meses e incluso existieron ya varios pedidos formales para modificar la ley. Antes del pronunciamiento de EUROMAT, la última institución en manifestarse contra la norma había sido el Consell Jurídic Consultiu, el cual realizó cinco observaciones a la nueva legislación.

El órgano consultivo emitió las observaciones esenciales en su dictamen del Proyecto de Decreto del Consell sobre el régimen sancionador y actuaciones inspectoras en materia de juego. La principal queja que pone el Jurídic al texto es que este reglamento haya añadido sanciones y graduaciones extra a las que se contemplaban en la ley que el Botànic, el pacto de gobierno valenciano de 2015, aprobó en mayo de 2020. Entre estas se ha incorporado, para valorar el nivel de sanción, las ganancias o pérdidas obtenidas ante la posible vulneración de la ley o las consecuencias que haya tenido en la sociedad.

El principal punto de discordia es el que recuerda que este reglamento “debe respetar los límites de las sanciones a imponer” así como las “reglas esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora”, esto es, que no puede ampliar lo que ya indican la ley autonómica del juego ni el marco estatal. También avisa que haypuntos donde no se cita de forma literal la ley a la que se refiere lo que provoca “una reinterpretación”, infrigiendo esta jerarquía normativa.

Esta mención general añade otros reparos. Entre ellos, critica la mención que el reglamento realiza a la conservación de los datos personales sobre el que indica que será “el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se recogen”. “El régimen jurídico sobre el tratamiento de datos ya se halla establecido por la legislación estatal y la autonómica a la cual habrá que someterse”, replica el Jurídic. 

También critica la manera de comunicación de las sanciones. En primer lugar, el reglamento reclama “practicarla de forma personal en cualquier domicilio que lo permita”, sin embargo, el Jurídic alega que esta mención es “contradictoria” con la ley básica estatal. En esta se indica: “Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no”.

Asimismo, el CJC duda sobre la lengua utilizada para las actas. En el reglamento, indica que la confección de esta será en la lengua oficial acordada, aunque si no fuera posible el pacto, “se formalizará en la que disponga quien practique la inspección”.