Empresarios valencianos piden revisar la ley del juego

A raíz del fallo del TSJ de Andalucía, SOS Hostelería emitió un comunicado.

España.- La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía que anuló las modificaciones realizadas por el Ayuntamiento de Cádiz al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con las cuales se buscaba restringir a los establecimientos de juego en el municipio, tuvo sabor a triunfo para los empresarios españoles y ya empiezan a surgir nuevos reclamos. 

SOS Hostelería, asociación en la que participan autónomos y empresarios del mundo de la hostelería de la Comunidad Valenciana, solicitó a través de un comunicado a la Generalitat Valenciana que, tras el fallo del TSJA, revise la Ley del Juego vigente en la Comunidad Valenciana para evitar problemas de inseguridad jurídica.  

Según la asociación, la normativa restrictiva de la presencia de salones impulsada por la Generalitat Valenciana “ha provocado hasta ahora el cierre de diversos salones, a los que vencía su licencia, y la pérdida de casi un centenar de empleos directos e indirectos, la mayoría de ellos de personas mayores de 50 años de difícil reubicación en el mercado laboral”.

En ese sentido, el presidente de SOS Hostelería, Fidel Molina, dijo: “La Generalitat Valenciana, tras esta sentencia, debería revisar de oficio la ley y suprimir las distancias entre salones y centros públicos dado que, tras el pronunciamiento judicial, hay una situación de inseguridad jurídica que puede llevar a que se abra un frente legal entre empresas titulares de salones afectadas y la administración valenciana”.

Para la organización hostelera, la imposición de distancias “no resuelve problema alguno dado que dicha prohibición no afecta a los juegos más populares y adictivos como son los rascas de la ONCE, que sí se pueden vender sin ningún control en la puerta de un colegio, o las loterías públicas”.

Molina aseguró en el comunicado que “las empresas de salones han impulsado y velado por el cumplimiento de las normativas de juego responsables y sus trabajadores son los que aplican las estrictas normativas de control de acceso a los salones”. 

Para el presidente de SOS Hostelería, “esta sentencia da la oportunidad a la Generalitat Valenciana de resolver una injusticia, evitar la pérdida de más empleos y recuperar la vía del diálogo y colaboración con un sector que siempre se ha mostrado dispuesto a implantar todo tipo de campañas y controles y al que la Generalitat ha perjudicado únicamente por motivos ideológicos”.  

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La apelación de Cádiz

Otra de las consecuencias que dejó el fallo fue la idea de parte del Ayuntamiento de Cádiz de apelar la sentencia. 

El concejal de Urbanismo, Martín Vila, declaró: “Respetamos las decisiones de los tribunales, pero no compartimos en absoluto que se prioricen los intereses de las multinacionales del juego a la salud pública. Por eso, la asesoría jurídica de este Ayuntamiento está estudiando el fallo para presentar un recurso al Tribunal Supremo y seguir defendiendo la protección a los menores y a los más vulnerables frente a la lacra del juego y la ludopatía”.

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