España: Baleares avanza hacia la prohibición de nuevos salones de juegos de azar
El Gobierno presentó un proyecto de modificación de la Ley del Juego, que propone la moratoria automática de nuevas licencias de salas de juego hasta que el número actual no se reduzca a la mitad.
España.- Es oficial. Después de establecida la moratoria que prohibía la concesión de nuevas licencias de salones de juegos de azar hasta 2023 y de más de dos años de trabajo en una nueva ley del juego, el Gobierno de las Islas Baleares dio un paso en concreto y endurece las medidas para el sector.
El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Memoria Democrática y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, anunció ayer, miércoles 27 de abril, la revocación definitiva de la última licencia pendiente de apertura para una sala de juegos de azar en Baleares. Se trata de la correspondiente al local de la calle Cabana (Marratxí). La misma se suma a la ya revocada licencia del local de Miquel Bisellach (Inca), cuyo plazo de apertura venció el pasado mes de febrero.
Yllanes agradeció que se hayan puesto a disposición del Gobierno las diferentes perspectivas de los juegos de azar «como una cuestión de salud pública, una cuestión social y una cuestión de convivencia vecinal, y no una cuestión estrictamente de negocio como -lamentó- se había tratado hasta ahora».
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En este sentido, el vicepresidente insistió en la apuesta del Gobierno «por las políticas de prevención de las adicciones, de protección de nuestros menores y colectivos más vulnerables, de paz social y convivencia vecinal», además de «evitar que la Comunidad se convirtiera en un Las Vegas low cost«. En esta línea, recordó algunas de las iniciativas normativas impulsadas desde la Vicepresidencia a través de la Dirección General de Comercio.
Destacó la primera moratoria para nuevas licencias entre 2020 y 2022, que permitió parar una dinámica de aperturas sin límite. Además, mencionó la suspensión de licencias en las postrimerías de la moratoria, con el objetivo de consolidar la replanificación sectorial, retrasada por el impacto económico y social de los efectos de la pandemia. Este el caso del local de Inca y también del de Marratxí, que había generado una fuerte contestación social y vecinal y cuya revocación definitiva ha sido posible gracias a la implicación personal del vicepresident Yllanes y del alcalde de Marratxí, Miquel Cabot.
«Fruto de la colaboración entre el alcalde de Marratxí y del vicepresidente del Gobierno se ha podido convencer al sector de la necesaria autorregulación para evitar un conflicto de convivencia vecinal», señaló el director general de Comercio, Miquel Piñol.
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Por su parte, el alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, celebró que «la administración ha dejado de ser una pared para la ciudadanía». «Nos preocupan las mismas inquietudes que a nuestros vecinos y vecinas y en este caso se ha demostrado que la tarea coordinada entre las administraciones y todas las entidades sociales que se han puesto en marcha en contra de esta sala de juego de Marratxí ha sido verdaderamente efectiva», dijo.
El vicepresident Yllanes realizó este anunció en la reunión de la Mesa Social del Juego, celebrada ayer en la Consellería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática del Gobierno. En la misma también participaron: el director general de Comercio, Miquel Piñol; el secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, Jesús Jurado; la directora general de Salud Pública, María Antònia Font; el alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, y los tenientes de alcalde Neus Serra y Joan Francesc Canyelles; la vicedecana del Colegio de Psicólogos, María José Martínez. También asistieron representantes de diferentes asociaciones y plataformas de la sociedad civil.
Nueva Ley del Juego, sobre la mesa
Durante la jornada, Juan Pedro Yllanes también puso sobre la mesa una propuesta de modificación de la Ley del Juego 8/2014. A través de la misma, se fijará un máximo de 75 salas de juego por cada millón de habitantes —ahora se parte de 140 salas—, tres casinos y cuatro bingos.
Esto incluye, entre otras medidas, la moratoria automática de nuevas licencias hasta que se alcance esta cifra y, por tanto, el número de salas no se reduzca hasta la mitad.
Esto significa que tampoco se volverán a arbitrar procesos de otorgamiento de nuevas licencias. E implica que el Gobierno no concederá más licencias de juego en las próximas décadas. Así, las Islas Baleares se convertirían en la primera comunidad autónoma de todo el Estado en adoptar una medida de estas características.
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«En esta legislatura hemos conseguido el punto de inflexión que todas y todos esperábamos en materia de densidad de salas de juego por habitante en nuestras Islas», señaló Yllanes. Y añadió: «No podíamos continuar doblando la media española de salas por habitante».
