España: no se entregarán nuevas licencias a casinos en Baleares por dos años

El Parlamento aprobó una moratoria de 24 meses para la concesión de nuevas licencias de establecimientos de juego, aunque la misma deberá ser tratada como ley.

España.- A la espera de una nueva Ley del Juego, el Gobierno de las islas Baleares estableció una moratoria de 24 meses para la concesión de nuevas licencias de salas de juego, casinos, bingos y salones de todo tipo de juegos de azar.

«La pandemia del Covid-19 ha hecho incrementar la demanda de diversos estamentos sociales para que las administraciones públicas traten el posible efecto adictivo de las conductas derivadas de la práctica del juego de azar». Así lo expresó el Gobierno en su justificación. En este sentido, las autoridades sugirieron realizar un análisis riguroso de cómo se debe regular el juego para minimizar el impacto de las adicciones.

Nueva Ley del Juego

Desde hace más de un año, las autoridades de las Islas Baleares trabajan en una nueva ley del juego que impondría límites a las casas de apuestas. Según la normativa que buscan introducir el secretario autonómico de Sectors Productius, Jesús Jurado y el director general de Comerç, Miquel Piñol, los salones de juegos y casas de apuestas deberán estar al menos a 500 metros de las escuelas.

Tal como ocurrió en otras comunidades autónomas, la mayor preocupación de los ciudadanos tiene que ver con este punto: la distancia entre las casas de apuestas y los centros educativos. De todas formas, la medida se impondría solamente a los nuevos locales de apuestas y no a los que ya están instalados.

Vía Decreto y oposición

La moratoria fue aprobada por el Parlamento junto con otro paquete de disposiciones, enroladas en la modificación del decreto ley 11/2020 de medidas urgentes contra el Covid-19. Se trata de un decreto presentado por el Gobierno en plenas fiestas de Navidad y justo después de la aprobación de los presupuestos de 2022.

Ver también: Entra en vigor la nueva Ley del Juego en Castilla-La Mancha

Por ello, desde la oposición acusaron al Gobierno de abuso sobre la figura del decreto ley, reservada para asuntos de especial urgencia y necesidad. Y en ese marco, reclamó que el decreto se tramite como proyecto de ley. Esta petición ha sido aceptada por unanimidad.

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