Juan Carlos Santaella Marchán: «Puerto Rico es una jurisdicción seria, con un mercado en crecimiento»

El director ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico habló con Focus Gaming News acerca del nuevo reglamento de confiscación de máquinas ilegales y de la situación actual de la industria en la isla.

Entrevista exclusiva.- La industria del juego en Puerto Rico atraviesa una fase de reordenamiento y consolidación regulatoria que comenzó a finales de 2024 y culminó con la reciente aprobación del Reglamento sobre Confiscaciones de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, elaborado conjuntamente por la Comisión de Juegos y el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Para conocer más detalles sobre la entrada en vigor de esta norma y el panorama actual del sector en la isla, Focus Gaming News habló con Juan Carlos Santaella Marchán, director ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico.

La Comisión de Juegos regula todo lo relativo a las salas de casino —hoy hay veinte salas abiertas en toda la isla y estamos en proceso de expansión, con la proyección de alcanzar veinticinco en los próximos cinco años—, además de la industria y el deporte hípico.

En Puerto Rico opera el Hipódromo Camarero, licenciado por la Comisión. A diferencia de otras jurisdicciones, funciona cuatro días a la semana durante todo el año. Existen alrededor de 375 agencias hípicas (puntos de venta) en la isla, y una plataforma online denominada “Gana Donde Sea” para apostar a la pista de Camarero.

Por ley (2014/2015) se aprobaron cinco mil máquinas tipo «Lucky Cash» para operar en estas agencias bajo licencia de Light & Wonder en sociedad con Camarero. Cada agencia puede tener hasta diez máquinas y, además, la ley permite hasta cincuenta “superagencias” con hasta treinta máquinas cada una (en la práctica, por limitaciones de espacio, suelen operar entre quince y veinte). Estos ingresos fortalecen los premios y a los propietarios de caballos.

En apuestas deportivas, la ley se aprobó en 2019 y la primera licencia se otorgó en 2022 (con el «Super Bowl» como hito de inicio). Hoy hay más de nueve licencias de operador en toda la isla, la mayoría con operación online. En Puerto Rico el registro inicial debe ser presencial; luego la persona puede apostar online siempre que esté dentro de la jurisdicción (se controla por geofencing y demás herramientas).

También están regulados los concursos de fantasía y esports. Estas verticales avanzan más lentamente: hay compañías licenciadas o en proceso, pero aún no han tomado el impulso de otras áreas.

La Junta de Supervisión Fiscal acaba de aprobar el nuevo reglamento de confiscación de máquinas ilegales. ¿Cuáles son los cambios operativos y legales más significativos que introduce esta herramienta para la labor de fiscalización de la Comisión de Juegos?

Esta materia tuvo idas y vueltas en años recientes. En 2021 hubo una regulación que fue enmendada tres veces y, por el marco fiscal y la supervisión de la Junta de Supervisión Fiscal, esas enmiendas posteriores fueron rechazadas, dejando el mercado en un “limbo” jurídico.

En junio de 2024, la Asamblea Legislativa y la Junta acordaron una ley que viabilizó la confección de un nuevo reglamento y su aprobación por la Junta, para poder iniciar el licenciamiento. Teníamos sesenta días para redactarlo; lo sometimos en unas tres semanas y fue aprobado. El 26 de diciembre completamos el proceso administrativo ante el Departamento de Estado y el reglamento entró en vigor el 22 de febrero del año en curso.

Desde entonces, recibimos las solicitudes de los operadores previamente licenciados hasta el tope legal de 25.000 máquinas. Tenían plazo hasta el 30 de junio para presentar los documentos requeridos; el cien por ciento lo hizo, sus licencias fueron evaluadas y el 1 de julio comenzamos a operar bajo las nuevas directrices.

La ley ahora ordena a la Policía de Puerto Rico la facultad de confiscar máquinas ilegales. Por eso redactamos junto con la Policía el reglamento de confiscaciones, aprovechando la pericia técnica de la Comisión para identificar licencias, cumplimiento y parámetros. El 1 de octubre se publicó para comentarios del público (el período cierra el 31 de octubre) y en paralelo se remitió a la Junta de Supervisión Fiscal para evaluar su impacto fiscal. La Junta comunicó que, en el ámbito de su competencia, no tiene objeciones para que continúe el proceso. Una vez se analicen los comentarios, se presentará al Departamento de Estado. Estimamos su entrada en vigor entre diciembre o principios de enero. A partir de entonces, comenzaremos a confiscar máquinas ilegales en la calle.

El número de máquinas ilegales supone una fuga de ingresos. ¿Tienen una estimación del impacto económico y metas de recuperación con el nuevo reglamento?

En su momento, un estudio para la Asamblea Legislativa (realizado por Spectrum) estimó alrededor de 75.000 máquinas en la calle, entonces todas sin licencia. La ley autoriza 25.000 máquinas en ruta y otorga a los mayoristas previamente licenciados el derecho a operar hasta 250 máquinas por compañía (cien compañías por 250 derechos equivalen a 25.000).

En julio se pagaron alrededor de 11.000 licencias de máquinas y, al día de hoy, estamos cerca de las 21.500, aproximándonos al tope de 25.000. Aunque el reglamento de confiscaciones está culminando el proceso, la ley nos faculta a multar a los comercios (no a los dueños de las máquinas) por operar máquinas ilegales. Nuestra Oficina de Investigación realiza operativos diarios en toda la isla. La multa por primera infracción es de US$5.000 por máquina; por ejemplo, diez máquinas implican US$50.000, lo que puede obligar a cerrar un negocio. Esto ha generado una reacción inmediata: muchos comercios prefieren operar tres o cuatro máquinas legales en lugar de diez ilegales.

Previo al inicio de julio, hicimos una campaña informativa fuerte en medios masivos explicando la nueva ley y cómo ponerse en regla, lo que generó gran volumen de consultas. En conjunto, la fiscalización y las multas han reducido sustancialmente el parque ilegal y acelerado la migración a la legalidad. Nuestro objetivo es depurar el mercado para que los ingresos que correspondan al Estado efectivamente lleguen.

«En julio se pagaron alrededor de 11.000 licencias de máquinas y, al día de hoy, estamos cerca de las 21.500, aproximándonos al tope de 25.000».

Lic. Juan Carlos Santaella Marchán, director ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico.

Pasando al juego regulado: ¿qué balance hace del mercado de apuestas deportivas online? ¿Se cumplieron las proyecciones de volumen e ingresos fiscales?

El crecimiento ha sido exponencial. Hablando de ganancia de mercado, el primer año rondó los US$7m, el segundo llegó a unos US$20m y el tercero a US$30m. En términos de dinero apostado, el último año se jugaron aproximadamente US$300m. Varios operadores nos han planteado que el requisito de registro presencial inicial limita el crecimiento; la Junta de Comisionados emitió órdenes administrativas que permiten instalar puntos de registro en ubicaciones externas, pero mientras no se cambie la ley, el alta debe ser presencial. Aun así, con más operadores y la extensión del canal online, el crecimiento se sostiene.

«En términos de dinero apostado, el último año se jugaron aproximadamente US$300m».

Lic. Juan Carlos Santaella Marchán, director ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico.

Con las apuestas deportivas ya en marcha, ¿cuál es el siguiente paso para la modernización del juego online en Puerto Rico? ¿Está sobre la mesa regular casino online o póker?

Como Comisión visitamos ferias en distintas jurisdicciones de Latinoamérica y no desconocemos que muchas se están moviendo a estas modalidades. Su implementación, no obstante, es una decisión legislativa. Hay distintas posturas —incluida la de los casinos— sobre el cómo. La Comisión no se opone en principio, reconociendo que en muchas jurisdicciones estas verticales avanzan. Cuando exista un proyecto concreto, emitiremos recomendaciones. Por ahora, no nos corresponde fijar una posición anticipada.

Se aproxima la apertura del Gran Casino Viejo San Juan y, a nivel global, se están implementando nuevas tecnologías en el sector. ¿Qué otros proyectos de expansión de casinos están en carpeta y cómo se posiciona Puerto Rico frente a otros destinos del Caribe?

Puerto Rico fue la segunda jurisdicción de Estados Unidos en permitir casinos y lleva más de setenta y cinco años de operación. A inicios de los 2000 hubo una merma, pero desde 2020 —a pesar del huracán María y la pandemia— pasamos de dieciséis a veinte salas. Hay varios proyectos de envergadura para abrir en distintas regiones, incluido un casino en el Viejo San Juan previsto para comienzos del año próximo, y proyectos en Ponce y Mayagüez, entre otros. Nuestro rol es regular por encima de todo, pero también facilitar el desarrollo económico y el turismo. Estamos abiertos a dialogar con cualquier cadena que cumpla y desee invertir en el mercado puertorriqueño.

Más allá del combate a las máquinas ilegales, ¿cuáles son los principales desafíos regulatorios para los próximos años?

• Casinos: la discusión sobre igaming y nuevas tecnologías, garantizando controles de mayoría de edad y buenas prácticas, como han hecho otras jurisdicciones.
• Industria y deporte hípico: aunque el Horse Integrity and Safety Act (HISA) no aplica en Puerto Rico, somos una jurisdicción estadounidense y nos observan de cerca. Debemos atemperarnos a los estándares modernos, priorizando la integridad y el bienestar animal.
• Apuestas deportivas: el debate sobre el registro y la evolución del canal online, manteniéndonos a la vanguardia para sostener el crecimiento.
• Máquinas en ruta: la efectividad en confiscación, regulación y salida de la ilegalidad. El éxito en esta área garantizará que los ingresos lleguen al Estado.

A nivel transversal, el gran reto es el juego responsable: campañas educativas, presencia en universidades y escuelas, y equilibrio entre ingresos públicos y protección de las personas.

¿Qué medidas o acciones se están llevando a cabo en lo que respecta a juego responsable y regulación?

La Junta de Comisionados, a recomendación de la Dirección Ejecutiva, extendió el sistema de autoexclusión —antes limitado a casinos— a todos los verticales que regulamos. Las personas pueden autoexcluirse por periodos de uno, tres, cinco años o de por vida. Al cumplir el periodo, deben presentarse para una entrevista de salida antes de ser retiradas del listado.

Esto trae desafíos: en casinos y apuestas deportivas todo está asociado a un registro, por lo que sabemos quién juega; en hípica y en máquinas en ruta el juego es anónimo y está distribuido en miles de comercios. Por ello evaluamos tecnologías y aplicaciones que permitan verificar a distancia si una persona está autoexcluida (voluntaria o involuntariamente) y el tipo de restricción.

Además, desarrollamos campañas en medios. Nuestro lema es: “Tu mejor jugada tiene límite, juega responsable”. Estamos planificando ciclos en universidades con alguna figura reconocida que convoque al público joven para transmitir el mensaje con mayor alcance.

Como director ejecutivo, ¿cómo le gustaría que se posicionara la jurisdicción a nivel regional e internacional en los próximos cinco años?

Desde esta gestión y la de mi antecesor, trabajamos para que Puerto Rico sea visto como un puente hacia el mercado estadounidense: somos una jurisdicción americana de habla hispana, con larga tradición en juegos y con oportunidades para proveedores de bienes y servicios. Participamos en ferias del sector en Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos —incluido el Gaming and Technology Event San Juan— para reforzar ese posicionamiento. El mensaje es claro: Puerto Rico es una jurisdicción seria, con un mercado en crecimiento, abierta a recibir inversión y hacer negocios con quienes estén interesados.