La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprueba una medida para endurecer las penas contra los casinos ilegales

La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprueba una medida para endurecer las penas contra los casinos ilegales

El objetivo del proyecto es frenar la proliferación de salas de juegos ilegales en la isla.

Puerto Rico.- Este jueves 23 de octubre, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó por 47 votos a favor y tres en contra, el Proyecto de la Cámara 875, que impondrá sanciones más severas a los casinos que operan de manera clandestina en violación de la Ley de Juegos de Azar. La medida fue presentada por el representante José Aponte Hernández.

Aponte Hernández explicó que la legislación busca frenar la proliferación de salas de juegos ilegales y prevenir la adicción al juego. En ese sentido, el legislador explicó: “Estos casinos ilegales no solo representan un riesgo para la salud y el bienestar de nuestro pueblo, sino que también están afectando la industria turística de Puerto Rico”.

José Aponte Hernández.

También explicó que, a diferencia de los casinos autorizados, estas actividades no generan ingresos para el Gobierno ni promueven el desarrollo económico.

La legislación aprobada establece una multa de US$15,000 o pena de reclusión mínima de un año para la primera convicción. Las infracciones subsiguientes se sancionarán con US$25,000 o tres años de prisión, o ambas a discreción de un tribunal.

Recientemente, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó el Reglamento sobre Confiscaciones de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, preparado conjuntamente por la Comisión de Juegos de Puerto Rico y el Negociado de la Policía. Estas máquinas, instaladas en comercios y espacios públicos sin autorización, representan una de las principales fuentes de juego clandestino en la isla y afectan tanto la recaudación fiscal como la protección de los consumidores.

El nuevo reglamento establece los procedimientos que deberán seguir tanto la Comisión de Juegos como la Policía de Puerto Rico para la ocupación, confiscación, custodia, tasación, notificación y disposición final de las máquinas que operen sin licencia o en violación de la ley.

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