En 2023 se clausuraron 118 casinos populares en Chillán

Las autoridades exigen estrategias legislativas claras para apoyar su lucha.
Las autoridades exigen estrategias legislativas claras para apoyar su lucha.

El municipio chileno trabaja para erradicar este tipo de establecimientos en el territorio. 

Chile.- El Municipio de Chillán informó que, en lo que va del año, se realizaron en total 118 procedimientos de clausura de los llamados «casinos populares» que operan en el territorio sin una licencia.

En diálogo con el medio local La Discusión, miembros de la Inspección Municipal precisaron que, si bien se logró avanzar contra este tipo de establecimientos en distintos lugares, aún no se logró reducir la cantidad de los mismos en el centro de la capital regional de Ñuble.

“A pesar de la regulación, las salas de apuestas ilegales continúan desarrollando sus actividades, vulnerando las fiscalizaciones y cierres realizados por la Municipalidad o Carabineros o la PDI”, explicó la directora de Seguridad Municipal, Alejandra Martínez.

Durante los controles que fueron realizados, además resultaron detenidas 22 personas por su eventual relación con la administración de aquellos establecimientos. Estos operativos forman parte de un plan integral que las autoridades iniciaron hace ya un tiempo y que incluye capacitaciones y charlas para lograr una mayor eficacia a la hora de abordar este tipo de práctica ilegal.

Por su parte, el concejal Rodrigo Ramírez, presidente de la Comisión Seguridad del Concejo Municipal, dijo acerca de esta problemática: “Nos encontramos con un tema de difícil solución, de hecho, por eso es un fenómeno que se repite en muchas otras ciudades del país y la conclusión que se puede sacar de todo esto, no es otra que la de la poca voluntad política que hay para terminar con esta práctica de una vez y para siempre”.

El edil alude a que la actual legislación no ha sido realmente clara en definir con precisión qué son juegos de destreza y cuáles de azar y la poca capacidad de contar con peritos que puedan emitir informes técnicos al respecto.

“Entonces, ellos (los dueños de los casinos) siempre se las ingenian para abrir y vulnerar las órdenes de clausura, por lo que al fin y al cabo vemos que Carabineros y la Inspección Municipal están peleando solos contra este problema”, concluyó.

Este año, el alcalde de la capital regional, Camilo Benavente, anunció un plan con el que busca las clausuras definitivas de este tipo de locales, debido a que ofrecen un giro no autorizado por ley y por no contar con las patentes municipales para su funcionamiento.

En ese sentido, el jefe comunal explicó en enero que crearían una brigada que se va a dedicar exclusivamente a los casinos populares y agregó: “Estamos viendo con los juzgados de la Policía Local, cómo podemos requisar las máquinas porque hemos hecho todos los esfuerzos como instalar cadenas y cursar partes, pero nada ha sido suficiente”. 

“Lo que nos queda es que la ley nos permita hacerlo y para eso estamos construyendo una suerte de argumento jurídico para poder realizarlo”, sostuvo Benavente.

Estrategia legislativa

Una diputada chilena instó al Congreso a acelerar la aprobación del proyecto de ley que regula el funcionamiento de los llamados “casinos populares”.

Se trata de un pedido de la diputada UDI por Ñuble, Marta Bravo, quien aseguró que “es momento de actuar” ante la proliferación de estos establecimientos en Chillán y Ñuble. La diputada Bravo abogó por la urgente regulación de estas actividades de juego para frenar esta crisis.

El proyecto de ley, que propone cambios a la ley N° 19.995, establecerá regulaciones más estrictas y una mayor supervisión del sector, combatiendo la proliferación de los casinos populares y apuntando a una disminución en los casos de ludopatía.

Las modificaciones propuestas establecen criterios claros para definir qué constituye una máquina de azar, exige a los operadores autorizados a explotar máquinas de azar a mantener un registro del destino de las máquinas que se desechan o venden, y sanciona las violaciones a estas regulaciones.

“Esta legislación es necesaria para proteger la salud mental de nuestra comunidad”, declaró la diputada Bravo según lo informado por el medio local G5 Noticias.

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