El gobierno brasileño apeló el fallo del STF sobre el uso de planes sociales para apuestas
La Procuraduría General de la República destacó que no se cuentan con medios técnicos para prohibir este tipo de gasto, ya que no es posible distinguir el dinero del beneficio de otros ingresos que recibe la familia en una cuenta bancaria específica.
Brasil.- La Procuraduría General de la República (AGU, por sus siglas en portugués) apeló la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que ordenó al gobierno nacional adoptar herramientas para impedir que los beneficiarios del plan social Bolsa Família utilicen los recursos recibidos a través del programa para apostar.
En la solicitud, el cuerpo jurídico señala que el Ejecutivo no cuenta con medios técnicos para prohibir este tipo de gasto, ya que no es posible distinguir el dinero del beneficio de otros ingresos que recibe la familia en una cuenta bancaria específica.
Además, las áreas técnicas destacaron que, una vez que el beneficio se transfiere a la cuenta de la familia registrada, el dinero pasa a ser del titular y el gobierno pierde cualquier influencia sobre su asignación.
La petición se presentó en forma de recurso de aclaración, instrumento utilizado para solicitar aclaraciones sobre puntos de una decisión judicial. En él, la AGU pide al STF que indique cómo el gobierno debe cumplir la determinación del tribunal, teniendo en cuenta los obstáculos enumerados, y conceder un “plazo razonable” para la implementación de estas medidas.
La AGU se basó en argumentos técnicos de dos órganos Ejecutivos, la SPA (Secretaría de Premios y Apuestas) del Ministerio de Hacienda y la Senarc (Secretaría Nacional de Ingresos Ciudadanos) del Ministerio de Desarrollo Social.
La Senarc señaló que la cuenta bancaria para el pago de los beneficios de Bolsa Família, utilizada por el 99 por ciento de las familias cubiertas, no es de uso exclusivo del programa y puede mover montos de otras fuentes, como el trabajo. Sólo el 1 por ciento de las familias beneficiadas realiza el retiro completo utilizando la tarjeta del programa.
“En relación a las cuentas de pago Bolsa Família, sólo 9,67 millones de familiares realizan regularmente Pix desde la cuenta de beneficio y, en promedio, realizaron sólo 2,5 operaciones, con un valor de R$ 355 (USD 59) cada una. Además, las más de 9,67 millones de familias generaron alrededor de R$ 8.500m (USD 1.422m), pero sólo recibieron R$ 6.500m (USD 1.088m) del programa, por lo que es fundamental comprender que cualquier bloqueo de la cuenta invade la esfera privada, donde el ciudadano genera otros ingresos”, dice el documento.
En el artículo, AGU afirma que no pretende volver a discutir la decisión ni expresar desacuerdo con ella, sino resolver dudas sobre su contenido. El voto del ponente, ministro Luiz Fux, fue ratificado por unanimidad por el tribunal.
“Aunque la preocupación por la situación económica de las personas y familias vulnerables es loable y necesaria, la adopción de ‘medidas inmediatas’ tropieza con barreras prácticas difíciles de superar, por lo que es fundamental aclarar la sentencia recurrida”, afirma la AGU.
El cuerpo jurídico también solicita aclaraciones sobre otros puntos de la decisión judicial que, a juicio del Gobierno, generaron confusión. Uno de ellos es la expresión “similares”, en el apartado en el que la Corte Suprema determina la adopción de medidas inmediatas para impedir el gasto en juegos de azar con recursos de programas sociales y asistenciales; “como Bolsa Família, el Beneficio de Pago Continuo (BPC) y similares”.
La AGU cuestiona si esto significa que la decisión va más allá de Bolsa Família y BPC hacia otros beneficios federales y también a los programas de transferencia de ingresos mantenidos por los estados que forman parte de la unión, especialmente teniendo en cuenta que también están autorizados a explorar la modalidad de apuestas.
El gobierno también solicitó al STF que indique si, a través de la decisión, los estados están igualmente obligados a observar las normas del Ministerio de Hacienda relativas a la explotación comercial de la modalidad de lotería con apuestas de cuota fija, que incluyen normas de operación, fiscalización y publicidad.
