El alcalde de Salou defiende el megaproyecto de Hard Rock

Pere Granados le pidió al gobierno catalán que sea «proactivo» en la defensa del proyecto.

España.- Pasó una década desde que la Generalitat de Cataluña presentó con bombos y platillos la construcción del Barcelona World, un megacomplejo de entretenimiento y juegos que se ubicaría en las jurisdicciones de Salou y Vila-seca, en la provincia de Tarragona. Sin embargo, el proyecto se estancó, pero diez años después aún hay esperanzas de que se lleve a cabo gracias a las últimas novedades.

La semana pasada, el pleno del Parlamento de Cataluña rechazó una moción presentada por un grupo de legisladores que reclamaba al gobierno no hacer efectiva la compra de los terrenos y en el día de ayer, el alcalde de Salou, Pere Granados, hizo un llamado al Govern de la Generalitat para que sea «proactivo» en la defensa del proyecto turístico Hard Rock.

«Los municipios turísticos de costa estamos en la línea de compromiso y aplicación de los criterios y objetivos de desarrollo sostenible en nuestras políticas y planes estratégicos de actuación, entre los cuales la creación y mejora de producto es fundamental para diversificar desestacionalizar y posicionar competitivamente los destinos», aseguró Granados durante la apertura de un congreso de municipios turísticos celebrado este lunes 28 de noviembre en Salou.

A su vez, el alcalde de una de las ciudades donde se emplazaría el complejo, agregó: «Y en este sentido, el proyecto turístico de Hard Rock, que siempre ha tenido nuestro más firme apoyo, queremos que sea una realidad próximamente. Por ello quiero hacer una llamada a las Administraciones Públicas en general y al Govern de la Generalitat para que sean también proactivas en su defensa porque supondrá un nuevo revulsivo, como lo fue Port Aventura, para la economía local y territorial».

Según el funcionario, el proyecto Hard Rock supondría una «aportación de riqueza y ocupación, un paso hacia la desestacionalización” y agregó: “Nosotros también queremos una sostenibilidad económica y sobre todo social, con contratos laborales no solamente estacionales, sino durante todo el año».

El proyecto Hard Rock prevé inversiones por valor de EUR2.000m y prevé la construcción de un complejo con 1.000 habitaciones de hotel, un casino, un centro comercial, una piscina de 6.000 metros cuadrados, un espacio para conciertos, entre otras comodidades.

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Una década de conflictos

El proyecto presentado en 2012 fue impulsado por el propietario de la empresa Veremonte, Enrique Bañuelos, y la Caixa, con el apoyo del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Inicialmente se habló de un complejo de seis parques temáticos en 445 hectáreas del ámbito del Centro Recreativo y Turístico (CRT) de Vila-seca y Salou. Cada parque tenía que tener un casino y un hotel, y todo supondría una inversión de unos EUR4.800m. Además, se esperaba que el complejo generase 20.000 puestos de trabajo directos y 20.000 más de indirectos. Sin embargo, pocos meses después, el proyecto se empezó a desinflar a pesar del interés de nuevos inversores. 

Si bien BCN World recibió el apoyo del sector turístico y empresarial del Camp de Tarragona desde el primer momento, también generó mucha polémica en el Parlament. En mayo del 2014 se aprobó la nueva ley sobre centros recreativos y turísticos con el apoyo de CiU y PSC a fin de que el proyecto saliera adelante, y que preveía una rebaja impositiva sobre las ganancias de los casinos del 55 por ciento al 10 por ciento. Una medida que no se hará efectiva hasta que no se ponga en marcha el complejo. 

Aunque el Parlamento accedió a los requerimientos de Veremonte, la compañía abandonó la inversión a finales de aquel mismo año. En el 2017 todo parecía indicar que Hard Rock iba a desarrollar el emprendimiento junto a Port Aventura y Value Retail bajo el nombre de Hard Rock Entertainment World.

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De hecho, en febrero de este año, la Comisión territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona (CUT) aprobó a petición de la junta de dirección del Consorcio del Centro Recreativo y Turístico (CRT), la modificación del Plan Director Urbanístico (PDU) del Hard Rock Entertainment World.

Esta modificación fue ordenada en septiembre de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que obligaba a buscar nuevas ubicaciones para zonas verdes y equipamientos.

La sentencia activó una revisión del PDU original y tras 16 meses se procedió a trasladar estos suelos a otros puntos, tal como reclama la sentencia, sin tocar la superficie total. La modificación del PDU se debe someter a información pública antes de continuar su proceso administrativo, sin embargo, siete meses después del anunció, aún no hubo novedades

Por otro lado, luego del anunció de la CUT, se abrió un nuevo frente desde la organización Aturem BCN World, que busca detener cualquier tipo de proyecto relacionado con el juego en esa zona. La organización advirtió que presentará cargos en contra del PDU.

“Próximamente se analizará a fondo el contenido del nuevo PDU para presentar alegaciones y, en su caso, en un futuro, un nuevo recurso contencioso administrativo”, aseguraron en su sitio oficial. Según explicaron, pese a “la exclusión de la zona de riesgo químico”, el objetivo del PDU sigue siendo habilitar el terreno para crear un centro masivo de entretenimiento y juegos.

“El nuevo PDU sigue acompañado de los incumplimientos en materia de disponibilidad de los terrenos, que Hard Rock aún no ha garantizado, incumpliendo así la adjudicación de la licencia de casino que le otorgó el Departamento de Economía de la Generalitat”, denunciaron.

La plataforma esgrime que el proyecto del Hard Rock, “atenta contra el territorio y su desarrollo sostenible”. Además, consideran que la operación requiere de negocios de compra-venta de terrenos de Caixa “poniendo en riesgo EUR120m públicos”.

“Las nuevas disputas entre los Ayuntamiento de Salou y el de Vila-seca por el reparto de los beneficios fiscales que supuestamente debería dar el proyecto, son un nuevo ejemplo de un proyecto que desde 2012 solo acumula batallas políticas y desacuerdos sociales. Síntoma de que es un proyecto sin el supuesto consenso con el que se bautiza”, añadieron.

Ese último punto es otro de los conflictos que demoran al megaproyecto de la empresa estadounidense, los gobiernos de los municipios de Tarragona donde se instalará no llegan a un acuerdo por la cuestión fiscal.

En 2013 Salou y Vila-seca acordaron dividir los beneficios del emprendimiento en un 50 por ciento para cada uno, pero ahora, desde Vila-seca consideran que, en el proceso, se produjo una afectación en los terrenos del municipio y exigen un “reequilibrio” del reparto.