España: se reactiva el proyecto del Hard Rock en Cataluña
Fue aprobada inicialmente la modificación del Plan Director Urbanístico del proyecto Hard Rock en Vila-seca y Salou (Tarragona). Los municipios aún no se ponen de acuerdo en cuestiones fiscales.
España.- La Comisión territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona (CUT) aprobó ayer, martes 22 de febrero, a petición de la junta de dirección del Consorcio del Centro Recreativo y Turístico (CRT), la modificación del Plan Director Urbanístico (PDU) del Hard Rock Entertainment World (nombre oficial del proyecto) que se instalará en Vila-seca y Salou.
Esta modificación fue ordenada en septiembre de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que obligaba a buscar nuevas ubicaciones para zonas verdes y equipamientos.
La sentencia activó una revisión del PDU original y tras 16 meses se ha procedido a trasladar estos suelos a otros puntos, tal como reclama la sentencia, sin tocar la superficie total. Ahora, la modificación del PDU se someterá a información pública antes de continuar su proceso administrativo.
Por otro lado, luego del anunció de la CUT, se abrió un nuevo frente desde la organización Aturem BCN World, que busca detener cualquier tipo de proyecto relacionado con el juego en esa zona. La organización advirtió que presentará cargos en contra del PDU.
“Próximamente se analizará a fondo el contenido del nuevo PDU para presentar alegaciones y, en su caso, en un futuro, un nuevo recurso contencioso administrativo”, aseguraron en su sitio oficial. Según explicaron, pese a “la exclusión de la zona de riesgo químico”, el objetivo del PDU sigue siendo habilitar el terreno para crear un centro masivo de entretenimiento y juegos.
“El nuevo PDU sigue acompañado de los incumplimientos en materia de disponibilidad de los terrenos, que Hard Rock aún no ha garantizado, incumpliendo así la adjudicación de la licencia de casino que le otorgó el Departamento de Economía de la Generalitat”, denunciaron.
La plataforma esgrime que el proyecto del Hard Rock, “atenta contra el territorio y su desarrollo sostenible”. Además, consideran que la operación requiere de negocios de compra-venta de terrenos de Caixa “poniendo en riesgo €120m públicos”.
“Las nuevas disputas entre los Ayuntamiento de Salou y el de Vila-seca por el reparto de los beneficios fiscales que supuestamente debería dar el proyecto, son un nuevo ejemplo de un proyecto que desde 2012 solo acumula batallas políticas y desacuerdos sociales. Síntoma de que es un proyecto sin el supuesto consenso con el que se bautiza”, añadieron.
Ese último punto es otro de los conflictos que demoran al megaproyecto de la empresa estadounidense, los gobiernos de los municipios de Tarragona donde se instalará no llegan a un acuerdo por la cuestión fiscal.
En 2013 Salou y Vila-seca acordaron dividir los beneficios del emprendimiento en un 50 por ciento para cada uno, pero ahora, desde Vila-seca consideran que, en el proceso, se produjo una afectación en los terrenos del municipio y exigen un “reequilibrio” del reparto.
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