Aseguran que el proyecto BCN World, de Hard Rock, no cumple los criterios ambientales
El departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural emitió un informe desfavorable al actual plan director urbanístico (PDU).
España.- Pasó una década desde que la Generalitat de Cataluña presentó con bombos y platillos la construcción del Barcelona World, un megacomplejo de entretenimiento y juegos que se ubicaría en las jurisdicciones de Salou y Vila-seca, en la provincia de Tarragona. Sin embargo, el proyecto se estancó y, cuando había esperanzas de retomarlo, se conoció un informe que pone en duda la continuidad.
La Conselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat emitió un informe en el que pide cambios en el plan director urbanístico (PDU) por no cumplir los requisitos ambientales.
En concreto, el informe subraya «la falta de concreción en las compensaciones ambientales y de garantía de conectividad ecológica», que según la conselleria, son aspectos «importantes e imprescindibles» para garantizar que el proyecto de Hard Rock tenga los «mínimos» requisitos ambientales.
El documento de la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural (DGPAMN) tiene fecha 13 de septiembre pero recién salió a la luz. Desde entonces, la DGPAMN y la Dirección General de Urbanismo, que forma parte de la Conselleria de Territori, se han puesto en contacto para abordar las modificaciones necesarias en el PDU para evitar que el siguiente informe sea desfavorable.
Fuentes del Departamento indicaron al medio local El Nacional que «Acción Climática no bloquea que salga adelante el proyecto, simplemente emitimos un informe preceptivo desfavorable sobre el proyecto, tal como se había planteado la anterior dirección política de Territori». Por otra parte, fuentes de la Conselleria de Territori, negaron la existencia de «ningún informe desfavorable» y explicaron que todavía falta la tramitación de Acción Climática sobre este proyecto.
Por su parte, la plataforma Aturem Hard Rock, principal grupo opositor al complejo, anunció que presentará un recurso judicial al nuevo PDU que se está tramitando y que podría retrasar el proyecto unos años más.
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Diez años de trabas
El proyecto presentado en 2012 fue impulsado por el propietario de la empresa Veremonte, Enrique Bañuelos, y la Caixa, con el apoyo del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Inicialmente se habló de un complejo de seis parques temáticos en 445 hectáreas del ámbito del Centro Recreativo y Turístico (CRT) de Vila-seca y Salou. Cada parque tenía que tener un casino y un hotel, y todo supondría una inversión de unos EUR4.800m. Además, se esperaba que el complejo generase 20.000 puestos de trabajo directos y 20.000 más de indirectos. Sin embargo, pocos meses después, el proyecto se empezó a desinflar a pesar del interés de nuevos inversores.
Si bien BCN World recibió el apoyo del sector turístico y empresarial del Camp de Tarragona desde el primer momento, también generó mucha polémica en el Parlament. En mayo del 2014 se aprobó la nueva ley sobre centros recreativos y turísticos con el apoyo de CiU y PSC a fin de que el proyecto saliera adelante, y que preveía una rebaja impositiva sobre las ganancias de los casinos del 55 por ciento al 10 por ciento. Una medida que no se hará efectiva hasta que no se ponga en marcha el complejo.
Aunque el Parlamento accedió a los requerimientos de Veremonte, la compañía abandonó la inversión a finales de aquel mismo año. En el 2017 todo parecía indicar que Hard Rock iba a desarrollar el emprendimiento junto a Port Aventura y Value Retail bajo el nombre de Hard Rock Entertainment World.
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De hecho, en febrero de este año, la Comisión territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona (CUT) aprobó a petición de la junta de dirección del Consorcio del Centro Recreativo y Turístico (CRT), la modificación del Plan Director Urbanístico (PDU) del Hard Rock Entertainment World.
Esta modificación fue ordenada en septiembre de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que obligaba a buscar nuevas ubicaciones para zonas verdes y equipamientos.
La sentencia activó una revisión del PDU original y tras 16 meses se procedió a trasladar estos suelos a otros puntos, tal como reclama la sentencia, sin tocar la superficie total. La modificación del PDU se debe someter a información pública antes de continuar su proceso administrativo, sin embargo, siete meses después del anunció, aún no hubo novedades
Por otro lado, luego del anunció de la CUT, se abrió un nuevo frente desde la organización Aturem BCN World, que busca detener cualquier tipo de proyecto relacionado con el juego en esa zona. La organización advirtió que presentará cargos en contra del PDU.
“Próximamente se analizará a fondo el contenido del nuevo PDU para presentar alegaciones y, en su caso, en un futuro, un nuevo recurso contencioso administrativo”, aseguraron en su sitio oficial. Según explicaron, pese a “la exclusión de la zona de riesgo químico”, el objetivo del PDU sigue siendo habilitar el terreno para crear un centro masivo de entretenimiento y juegos.
“El nuevo PDU sigue acompañado de los incumplimientos en materia de disponibilidad de los terrenos, que Hard Rock aún no ha garantizado, incumpliendo así la adjudicación de la licencia de casino que le otorgó el Departamento de Economía de la Generalitat”, denunciaron.
La plataforma esgrime que el proyecto del Hard Rock, “atenta contra el territorio y su desarrollo sostenible”. Además, consideran que la operación requiere de negocios de compra-venta de terrenos de Caixa “poniendo en riesgo EUR120m públicos”.
“Las nuevas disputas entre los Ayuntamiento de Salou y el de Vila-seca por el reparto de los beneficios fiscales que supuestamente debería dar el proyecto, son un nuevo ejemplo de un proyecto que desde 2012 solo acumula batallas políticas y desacuerdos sociales. Síntoma de que es un proyecto sin el supuesto consenso con el que se bautiza”, añadieron.
Ese último punto es otro de los conflictos que demoran al megaproyecto de la empresa estadounidense, los gobiernos de los municipios de Tarragona donde se instalará no llegan a un acuerdo por la cuestión fiscal.
En 2013 Salou y Vila-seca acordaron dividir los beneficios del emprendimiento en un 50 por ciento para cada uno, pero ahora, desde Vila-seca consideran que, en el proceso, se produjo una afectación en los terrenos del municipio y exigen un “reequilibrio” del reparto.