La CPI de Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas de Brasil recomienda acusaciones judiciales y una nueva legislación
El senador Romário, relator de la comisión, propone endurecer penas y regular apuestas en eventos aislados, además de promover acciones legales contra empresarios y el tío de Lucas Paquetá.
Brasil.- El informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas, que será presentado y votado el próximo miércoles 19 de marzo, trae consigo propuestas contundentes para combatir las irregularidades en el ámbito deportivo. Presidida por el senador Jorge Kajuru y con Romário como relator, la CPI solicita la acusación judicial de Bruno Tolentino, tío del futbolista Lucas Paquetá, por manipulación de resultados. También se pide el procesamiento de los empresarios William Pereira Rogatto y Thiago Chambó Andrade por los mismos delitos.
El documento, sin embargo, exonera al empresario Bruno Lopez, quien confesó su participación en la manipulación de juegos, gracias a un acuerdo firmado con el Ministerio Público. “Esta CPI dejó en evidencia que prácticamente todos los escándalos recientes de manipulación de competiciones estaban vinculados a apuestas en eventos aislados, especialmente aquellos que involucraban a atletas consagrados”, destacó Romário en su informe.
El senador subrayó que estas apuestas puntuales facilitan manipulaciones por parte de apostadores y grupos criminales sin alterar necesariamente el resultado final de los partidos. Por ello, recomendó restringir esta práctica y exhortó a las entidades deportivas a educar a los atletas sobre la legislación vigente y las posibles sanciones.
Nuevo marco legal
Además de los procesos judiciales, el informe propone una enmienda constitucional y tres proyectos de ley para reforzar el combate a la manipulación. La enmienda busca obligar a cualquier ciudadano a comparecer ante las CPI, incluso con el uso de fuerza policial si fuera necesario, una medida motivada por la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que eximió a la influenciadora Deolane Bezerra de declarar en esta investigación.
El primero de los proyectos de ley eleva la pena por fraude en eventos deportivos de cuatro a diez años de prisión, además de una multa económica. También tipifica como delito la fraude en el mercado de apuestas, castiga a los atletas que compartan información privilegiada para obtener ventajas y prohíbe la promoción de ganancias irreales en apuestas. Un segundo proyecto obliga a los operadores a incluir avisos que desincentiven el juego y adviertan sobre sus riesgos. Finalmente, el tercer proyecto busca limitar las apuestas en eventos aislados dentro de competiciones deportivas.
Toda la documentación generada por la CPI será remitida a la Policía Federal y al Ministerio Público de la Unión para dar continuidad a las investigaciones. Asimismo, se compartirá con instituciones como la Casa Civil y los ministerios de Hacienda, Justicia, Deporte y Salud, para que adopten medidas en sus respectivas áreas.
Con estas propuestas, la CPI pretende no solo castigar a los responsables, sino también sentar las bases para una regulación más estricta que proteja la integridad del deporte y combata las redes de manipulación asociadas al creciente mercado de apuestas.
