Dictaron el sobreseimiento provisional para los acusados en la Causa Conajzar
El fallo del juez Humberto Otazú benefició a los siete acusados. El Ministerio Público tendrá ahora un año de plazo para la formulación de su acusación.
Paraguay.- El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú hizo lugar al sobreseimiento provisional del extitular de la Conajzar José Antonio Ortiz y otros seis procesados por lesión de confianza en el marco de la adjudicación de la explotación de juegos de azar en forma irregular y la legalización de tragamonedas, investigación que es reconocida como «Causa Conajzar«.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
Además de Ortiz, la resolución judicial también benefició a los otros seis procesados: Alvaro Wasmosy Carrasco, Carmen Alonso, Ricardo Núñez, Omar Mongelos, Rubén Roussillon y Raúl Silva Bustos.
La Fiscalía sostenía que los acusados concedieron de forma irregular adjudicaciones de máquinas tragamonedas, de la quiniela y de otros juegos de azar. Según la imputación, “con respecto al control del funcionamiento de los tragamonedas, la irregularidad consistió en que se cedieron los derechos a una empresa privada, cuando por ley debería ser potestad de las municipalidades”.
Ahora tras esta decisión, el Ministerio Público tiene un año de plazo para la formulación de su requerimiento conclusivo y pedir si el presente caso se eleva a un juicio oral y público. El fiscal del caso fue Diego Zilbervarg, quien inicialmente pidió que el caso se eleve a un juicio oral para el acusado Raúl Silva, pero luego cedió al pedido de sobreseimiento provisional.
Sobre este punto, el abogado Rodrígo Yódice, representante de Silva Bustos, aseguró que: «De manera clara e inequívoca la investigación fiscal es total y absolutamente insuficiente para sostener ninguna hipótesis atribuible a Silva por los tipos penales por los que inicialmente había sido acusado en un principio por el Ministerio Público”.
“Cuando se formuló la imputación planteamos un recurso porque entendíamos que no había especificación de los hechos, se hizo lugar a la reposición en segunda instancia y la fiscalía se vio obligada a rectificar el acta de imputación, y se generó un proceso penal dentro de otro y con plazos distintos para Silva”, explicó el profesional.
En su momento, el Ministerio Público sostuvo que se encontraron varias irregularidades en la concesión e incluso, rebaja en el costo del canon. Con respecto al control del funcionamiento de tragamonedas, la irregularidad consistió en que se cedieron los derechos a una empresa privada, cuando que por ley, debería ser potestad de las municipalidades.
La fiscala del caso inicialmente fue Estefanía González, quien había imputado a los involucrados por irregularidades en gestiones de juegos de azar tras denuncias hechas en la Cámara de Senadores.
El Ministerio Público tendrá ahora un año para la confección de un causa y una acusación y analizar si prosigue en el pedido de elevación a juicio de los imputados.
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