Buscan reactivar el debate parlamentario sobre el juego online en Uruguay
Legisladores del Frente Amplio revelaron que el próximo año podría haber novedades.
Uruguay.- A más de tres años de la media sanción al proyecto que legalizaría el juego online en Uruguay, el debate quedó estancado en Diputados y aún no se sabe cuándo será tratado. Sin embargo, se conoció que un grupo de legisladores del oficialismo está trabajando en una nueva iniciativa y podría haber novedades el próximo año.
El medio local El Observador consultó a diversos legisladores del Frente Amplio, quienes revelaron que el tema ha estado en conversaciones informales entre ellos y con integrantes del Poder Ejecutivo, comandado por el presidente Yamandú Orsi. Sin embargo, estiman que el ingreso de un proyecto quedaría para el 2026.
El director general de Casinos, Fernando Estévez, le transmitió al sindicato que desde el Ejecutivo están trabajando en un proyecto para regular el juego online, pero no les adelantó cuáles serían los lineamientos.
Inicialmente, el Frente Amplio, que ahora es oficialismo, había respaldado el proyecto que había enviado el gobierno anterior; sin embargo, luego cambió de posición en Diputados y no se pudo avanzar. Incluso, luego de haber votado, el entonces senador Mario Bergara presentó un texto alternativo.
En una columna publicada en Montevideo Portal en agosto de este año, el senador oficialista Felipe Carballo escribió: «Es momento de legislar con visión estratégica y sentido de responsabilidad. Uruguay tiene la oportunidad de transformar una actividad con una regulación obsoleta en una política pública que combine desarrollo, crecimiento, salud pública y justicia social».
Para Carballo regular el juego online es una «decisión económica, una definición política y una medida de salud pública» porque se trata de una actividad que «existe, crece y genera ganancias pero lo hace sin que el Estado» vea los beneficios. «La ausencia de regulación no impide que el fenómeno ocurra, solo agrava sus consecuencias», agregó.
Asimismo, se conoció que recientemente el Parlamento recibió un documento titulado “Bases para una regulación democrática de las grandes plataformas digitales en Uruguay”, que permitirían el tratamiento de una regulación efectiva de las plataformas digitales de apuestas en el país. El documento fue elaborado por Observacom y Datysoc, con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la Unesco.
El contenido del escrito fue revelado por el medio local El País. El objetivo es “equilibrar el poder de las grandes corporaciones tecnológicas con garantías democráticas, promoviendo la libertad de expresión, la transparencia algorítmica, el debido proceso y la rendición de cuentas».
Algunos puntos que surgen dentro del documento son: establecer límites y controles democráticos sobre la moderación de contenidos de las plataformas; exigir transparencia significativa y rendición de cuentas, incluyendo la transparencia algorítmica; garantizar el derecho al debido proceso y a apelar decisiones de bloqueo o eliminación de contenidos; asegurar el acceso a la Justicia nacional; aplicar una regulación asimétrica; promover una institucionalidad regulatoria independiente y competente; e encorporar una perspectiva regional para armonizar regulaciones y fortalecer su aplicación en América Latina.
El proyecto aprobado por el Senado
El texto, que fue ingresado por el Ejecutivo a fin del 2021 y aprobado por el Senado en 2022, establece en su artículo 1 que el Gobierno, mediante la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas, podrá «prestar la actividad de juegos de casinos tales como poker, ruleta, slots, entre otros, creados o a crearse, bajo la modalidad online, a través de internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares».
Asimismo, se indica que «el Poder Ejecutivo, en ejercicio de su competencia exclusiva, podrá autorizar en forma previa, precaria y revocable, la prestación de la actividad referida (…) a los concesionarios de juegos de casinos en forma presencial o a quienes posean dicho título habilitante en el futuro».
En el segundo artículo, el texto señala que la autorización para que los operadores, tanto públicos como privados, exploten el juego y las apuestas online «estará condicionada» a que estos cuenten «con un establecimiento presencial operativo y habilitado para el juego presencial» y que «se cumplan los requisitos que establezca la reglamentación y los dispuestos en el contrato de concesión».
El proyecto, también establece: «Quienes en el futuro adquieran la calidad de concesionarios de juegos de casinos en la modalidad presencial podrán acceder a una autorización de explotación de dichos juegos bajo la modalidad online, en forma previa a la inversión, aunque no podrán iniciar la modalidad online hasta que se verifique la inversión aprobada e inicie la explotación del juego presencial».
En ese sentido, la norma agrega: «La explotación de juegos de casinos online sin la autorización correspondiente aparejará la revocación de toda autorización de explotación de juegos de casinos presenciales y online”. A su vez, se remarca que “la autorización del Poder Ejecutivo cesará automáticamente si el concesionario dejara de explotar el juego presencial».
Entre las modificaciones que se incorporaron a la versión inicial, aparece en el artículo 8, que la Dirección Nacional de Casinos deberá financiar un fondo para tratar la ludopatía con un 5 por ciento de sus ganancias brutas y con lo recaudado por concepto de multas.
Muchos sectores ligados a la industria como sindicatos y empresarios del juego coincidieron en la necesidad de regular el juego online, pero también criticaron ciertos aspectos del proyecto impulsado por el Ejecutivo.
