Aseguran que el gobierno argentino podría vetar la ley de ludopatía y juego online en caso de que sea aprobada
El oficialismo votó en contra del proyecto que obtuvo media sanción en Diputados.
Argentina.- Luego de que esta semana la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley de prevención de ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas online, se conoció que, en caso de que la iniciativa se convierta en ley en el Senado, el Gobierno Nacional podría vetarla.
Fuentes del gobierno anticiparon a elDiarioAR que está previsto vetar la ley si se aprueba en la Cámara Alta. “Sale veto”, precisaron fuentes cercanas al presidente Javier Milei sobre la iniciativa. Cabe recordar que la norma, que presenta fuertes restricciones en materia publicitaria, fue aprobada el miércoles 27 de noviembre por 139 votos afirmativos. Por otro lado, hubo 36 negativos, entre ellos de La Libertad Avanza, y 59 abstenciones provenientes de los bloques de la UCR, el PRO y el MID, que consideran que el texto incurre en un “exceso de regulación”.
El principal punto de discusión está centrado en el artículo 8 del dictamen de mayoría que establece las restricciones que tendrán esas empresas en todo el país. Según dicho artículo, se prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y de apuestas online.
También establece que quedan comprendidas las plataformas y redes sociales a través de internet, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación audiovisual, la publicidad exterior, en indumentaria deportiva, cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, emplazamiento del producto o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro y que a tenor de los avances tecnológicos puedan ser utilizados con los mismos fines. Ese artículo fue aprobado por 134 contra 32 y 34 abstenciones de la UCR y el PRO.
La posición de ALEA
En una carta con fecha 14 de noviembre, dirigida a los jefes de bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados, desde la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) explicaron que el proyecto es “manifiestamente inconstitucional en la medida en que propicia un indebido avasallamiento del Honorable Congreso de la Nación sobre competencias que desde los albores mismos de la república se han considerados como no delegadas a las provincias de la Nación”, indica la misiva.
Para las autoridades de ALEA, la evidencia en distintos países ha demostrado que prohibir la publicidad no disminuye el juego ilegal. “Al contrario, esta restricción puede generar un aumento en el acceso a plataformas no autorizadas, ya que al reducir la visibilidad de operadores legales y regulados, los usuarios pueden acceder a sitios que operan fuera del marco legal. Esto no solo afecta la seguridad de los jugadores, sino que también dificulta los esfuerzos de los entes reguladores para controlar la actividad”, explicaron desde la asociación.
Además, indicaron que “la prohibición de la publicidad limita la posibilidad de informar sobre las herramientas de juego responsable, tales como los programas de autoexclusión y los canales de ayuda”.
Por otra parte, agregaron que junto a la prohibición de patrocinios a entidades deportivas, provocará una “combinación letal”. “No solo se privará al público de información sobre la existencia de herramientas de juego responsable y canales de asistencia, sino que asimismo se desfinanciará a entidades que en su génesis procuran el desarrollo social”, escribieron en la carta.
Asimismo, explicaron: “Una lectura detallada del contenido del proyecto denota que la información y evidencias presentadas oportunamente por ALEA han sido desestimadas. Esto genera una muy honda preocupación en el seno de ALEA al advertir que el proyecto implica un avasallamiento sobre las competencias propias de los miembros de ALEA, al mismo tiempo que, de aprobarse, agravará la situación que pretende contener”.
Por otra parte, las autoridades se pusieron a disposición de las comisiones para trabajar en conjunto en el texto de un proyecto que sea respetuoso de la Constitución Nacional y eficaz para lograr la limitación del acceso de menores a productos nocivos.