Argentina: 36 imputados por juego clandestino podrán enfrentar penas de hasta siete años de prisión

La Fiscalía pedirá penas de entre tres y siete años y medio de prisión para 36 personas que son investigadas por delitos vinculados al juego clandestino en la provincia de Santa Fe.

Argentina.- El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe solicitó juicio oral y público para 36 personas imputadas por conformar asociaciones ilícitas para organizar y explotar juegos ilegales, además, formuló el requerimiento de penas de entre tres y siete años y medio de prisión. 

El requerimiento fue informado por los fiscales Rubén Martínez y Nicolás Maglier en la acusación que presentaron ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de Reconquista. Por ese medio, solicitaron que todos los imputados –25 mujeres y 11 hombres que tienen entre 25 y 83 años– sean juzgados en el marco de un debate oral y público. Ambos fiscales comenzaron su investigación en 2018.

Según informan medios locales, a siete personas se les atribuye haber sido jefes de asociaciones ilícitas dedicadas a la explotación, la administración y la organización de sistemas de captación de juegos de azar sin la debida autorización. Otro de los acusados era un comisario que habría incumplido con sus deberes públicos a cambio de dinero.

Los fiscales informaron que de la investigación surgió que al menos cinco asociaciones ilícitas dedicadas a la explotación ilegítima de juegos de azar funcionaron con permanencia en el tiempo en Reconquista y sus zonas de influencia. Precisaron que “como mínimo, cometieron ilícitos de fraude al comercio y a la industria durante un año, entre noviembre de 2018 y el mismo mes de 2019”.

«Los jefes de las bandas delictivas organizaron sistemas para levantar apuestas de juegos de lotería y quiniela clandestinos. Para lograr sus objetivos, se vincularon con otras personas, incluso con titulares de agencias oficiales en las que realizaban apuestas tras detectar números muy elegidos en el circuito ilegal, explicaron los fiscales Martínez y Maglier en el escrito destinado a un juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

«Los grupos criminales eran financiados por sus jefes, quienes se beneficiaron con los altos márgenes de rentabilidad de las apuestas no ganadoras. Además, obtuvieron rédito económico de la falta de aportes y contribuciones patronales a sus empleados, así como de los impuestos correspondientes al juego legal que no abonaron», agregaron en su descargo.

Los representantes del MPA aseguraron que “en reiteradas oportunidades, los jefes de las asociaciones delictivas ordenaron y dispusieron pagos a funcionarios públicos provinciales –que en su mayoría aún no lograron ser identificados–, para que no investigaran o fiscalizaran las actividades ilegales”.

Asimismo, Martínez y Maglier plantearon que “uno de los 36 acusados era jefe de la comisaría de la localidad de Fortín Olmos (departamento Vera) al momento de los hechos y recibió dinero por incumplir sus deberes públicos de control”.

El fiscal Martínez informó que «la provincia de Santa Fe es querellante en la investigación«. En tal sentido, valoró «la decisión del Estado santafesino de participar activamente en el proceso» y concluyó que «se trata de la primera investigación de juego ilegal en el norte provincial, en la que la provincia se constituye como querellante». 

Sin embargo, señalaron que, «aunque resulta difícil estimar el monto de las apuestas ilegales que eran captadas por estas organizaciones delictivas, podemos mencionar que conforme información fidedigna de la Lotería de Santa Fe, existen en nuestro nodo un total de ochenta (80) Agencias y Subagencias Oficiales de Lotería de Santa Fe, las que antes de los allanamientos realizados el 5 de noviembre de 2019, facturaban un promedio de $400.000.- por mes.

En el mismo mes de noviembre, luego de los allanamientos, la recaudación de las mismas subió a un promedio de $800.000.- por mes, es decir el doble, hecho que se siguió repitiendo en los meses posteriores, lo que da una idea del monto millonario que tal actividad ilegal recaudaba en la zona, con organizaciones delictivas sofisticadas que además contaban con la protección policial, a punto tal que la investigación y los allanamiento debiendo hacerse con personal de Investigaciones del MPA y fuerzas policiales de otra ciudades y montarse un operativo confidencial para evitar filtraciones».

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Añadieron que «es importante también considerar los perjuicios ocasionados a las trabajadores y trabajadores dependientes de los jefes de las organizaciones, quienes ante la no registración fueron privadas de ciertos derechos laborales e incluso, ante el desbaratamiento de las organizaciones, no pudieron acceder a beneficios previsionales o de la seguridad social, quedando desamparadas económica y laboralmente”.

Los fiscales detallaron que las siete personas investigadas como jefes de asociaciones ilícitas además están acusadas como autoras de explotación, administración y organización de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad competente; de defraudación a la administración pública; y de cohecho.

A dos de los sindicados como jefes de las bandas delictivas además se les endilga la autoría de tenencia indebida de armas de fuego de uso civil. La Fiscalía solicitará que sean condenados a siete años y seis meses de prisión.

Para otro de los investigados como jefes, se pedirán siete años de prisión debido a que continuó con su accionar ilícito aún después de que se realizaron allanamientos en los que se encontraron evidencias en su contra. Para los otros cuatro se solicitarán penas de seis años de prisión.

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Respecto a la calificación penal de los hechos ilícitos cometidos por las otras 28 personas señaladas como miembros, se informó que están acusadas por la autoría de los delitos de asociación ilícita (en calidad de miembros); explotación, administración y organización de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la debida autorización; defraudación al estado o administración pública; y cohecho. Para los colaboradores más inmediatos se solicita la aplicación de la pena de tres años y seis meses de prisión de ejecución efectiva.

Por último, para el excomisario investigado, se pedirá una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva y una inhabilitación especial absoluta para ejercer cargos públicos. Los delitos que se le atribuyen son la participación como miembro en una asociación ilícita; explotación, administración y organización de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la debida autorización; defraudación al estado o administración pública; cohecho; y concusión.

Además de solicitar formalmente la apertura del juicio oral y público, los fiscales pedirán al tribunal del juicio el decomiso de todo el dinero en moneda nacional y extranjera secuestrado en los diversos allanamientos realizados. Ese dinero se encuentra en custodia de la Sucursal Reconquista del Banco de Santa Fe y a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD). También piden la destrucción de las armas de fuego secuestradas en los allanamientos.