ALEA alerta sobre el riesgo de subir impuestos al juego

Mientras el gobierno evalúa subir el impuesto al juego, la Asociación de Loterías Estatales advirtió de las consecuencias de esta medida.

Argentina.- La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), se pronunció luego de la noticia sobre los planes de una fuerte suba a los impuestos al juego prevista en el proyecto de Ley de Presupuesto 2021 que buscará aprobarse en el Congreso nacional.

Según la institución, un aumento de la carga impositiva motivará el crecimiento del juego clandestino en el país, un flagelo con el que se viene batallando intensamente y que ya creció a causa de la pandemia del Covid-19, ante la imposibilidad de acudir a lugares de juego.

En un duro comunicado en su página web, ALEA advirtió sobre las consecuencias de esta medida, aunque no se opone dijo que «no es el camino» y pidió «buscar soluciones» en conjunto: «ALEA no se opone a la adopción de medidas a fin de controlar el juego ilegal, por el contrario, es público el trabajo de los organismos reguladores en ese sentido, incluso junto al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Pero sí advierte que elevar el impuesto sobre el juego legal online y en la forma propuesta no es el camino adecuado cuando la mayoría de las jurisdicciones de Argentina han comenzado a regularlo».

«Todo impuesto al juego oficial a nivel nacional favorece el crecimiento del juego ilegal/clandestino, al elevar la presión impositiva sobre el sector regulado y controlado», dice el comunicado.

«Todo impuesto al juego oficial a nivel nacional afecta directamente a las economías locales ya que reduce los ingresos que las provincias y la CABA obtienen de los juegos de azar a través de los entes reguladores en la materia, en sus jurisdicciones respectivas. Y disminuye, en consecuencia, los fondos que se destinan a asistencia social, en cada una de las provincias y la CABA», advierte la asociación.

«El juego oficial en Argentina genera fuentes de trabajo para 240.000 personas, de las cuales 150.000 pertenecen a las Salas de Juego, 65.000 a las Agencias Oficiales y otras 25.000 a los organismos reguladores y empresas prestadoras de servicios, además, de quienes se desempeñan en numerosos sectores económicos como turismo, construcción, gastronomía, transporte, tecnología, seguridad, publicidad, entre otros. (…) En oposición, el juego clandestino no posee carga impositiva alguna, emplea personal en negro y aprovecha vacíos legales vigentes para comercializar juegos de azar en todas sus variantes», cuestiona.

Finalmente, ALEA dijo estar «a disposición para la búsqueda de soluciones».