Sigue la polémica por el cierre de investigación a casas de apuestas online en Chile
Tanto Dreams como la SCJ advierten sobre la falta de regulación y los riesgos para los ciudadanos tras la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la causa contra casas de apuestas ilegales.
Chile.- La decisión del Ministerio Público de Chile de cerrar una investigación contra las casas de apuestas online, acusadas de operar ilegalmente, desató duras críticas por parte de la empresa Dreams y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). La medida, que pone fin a una causa iniciada en 2021 tras querellas de casinos presenciales, la Polla Chilena de Beneficencia y el Club Hípico, ha generado incertidumbre sobre la regulación de estas plataformas y su impacto en la sociedad.
El próximo 11 de julio, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago comunicará formalmente que no se continuará con el procedimiento, tras el rechazo del tribunal a extender el plazo de investigación solicitado por la Fiscalía. Esta resolución ha sido cuestionada por su impacto en la protección de los ciudadanos, especialmente menores y jóvenes, ante plataformas que operan sin regulación.
Carlos Silva Alliende, fiscal y gerente de Asuntos Corporativos de Dreams, expresó su preocupación por la decisión, calificándola como un “retroceso” que otorga “más derechos que deberes” a las casas de apuestas online. “Estas plataformas no están reguladas, exponiendo a menores y jóvenes a apuestas sin control, mientras persisten causas abiertas por delitos tributarios”, afirmó.
Silva Alliende lamentó que el fallo no se alinee con los esfuerzos de la Corte Suprema y el Ejecutivo, que han impulsado regulaciones como el Juego Responsable para los casinos físicos. “¿A quién podrán acudir los chilenos defraudados por estas plataformas? Nadie podrá defenderlos, ni la Justicia, ni la SCJ, ni el SERNAC”, alertó, instando a que las investigaciones por comercio y juego ilegal aún abiertas no sigan el mismo camino.
En una carta publicada en el periódico La Tercera, Manuel Zárate Campos, jefe de la División Jurídica de la SCJ, aclaró que la decisión del Ministerio Público no implica la legalidad de estas plataformas. “En Chile, la explotación de juegos de azar es ilegal salvo autorización legal específica, y no existe un marco que permita el funcionamiento de las apuestas online”, subrayó.
Zárate destacó que un proyecto de ley para regular estas plataformas está en tramitación en el Senado, tras ser aprobado en general por la Comisión de Economía. Además, recordó que, desde 2023, la Corte Suprema ha declarado explícitamente la ilegalidad de estas plataformas, que operan sin pagar impuestos, sin políticas de juego responsable y sin protección para menores. “Solo la aprobación del proyecto de ley podrá subsanar esta situación”, concluyó.
Qué dijeron desde la ACCJ
La postura de la SCJ y Dreams sigue la misma línea de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ), quienes, a través de una carta, desmintieron la declaración de Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea, en donde asegura que la Justicia decidió que el juego ilegal de sus plataformas «no es un delito».
Para la ACCJ, es importante «no inducir a error en la ciudadanía ni en los actores legislativos». Con respecto al cierre del caso penal, dijeron que «la decisión del Ministerio Público de ‘no perseverar’ en una investigación penal específica no convierte a las plataformas de apuestas en línea en legales«.
En ese sentido, afirmaron que «simplemente indica que, en esta causa puntual, no se avanzará con una acusación penal. Esto no equivale a una autorización para operar, ni elimina la necesidad urgente de regular un mercado que hoy funciona sin controles».
Desde la asociación presidida por Cecilia Valdes agregaron: «Existen, además, otras causas activas —incluyendo investigaciones por delito tributario— que siguen su curso. La Corte Suprema, por su parte, ha rechazado solicitudes de sobreseimiento, lo que confirma que hay antecedentes suficientes para seguir investigando».
La agrupación comentó que con la operación de estas plataformas se ha erosionado la confianza ciudadana, debido a la existencia de investigaciones penales. A esto sumaron el vacío normativo, la promoción irrestricta en medios, el acceso sin barreras a menores de edad y la falta de controles sobre el origen de los fondos.
