La Polla Chilena de Beneficencia demanda a proveedores de internet por no bloquear sitios de apuestas online

La empresa alega que estas operaciones sin autorización han causado “un perjuicio patrimonial de al menos USD200m en los últimos dos años".
La empresa alega que estas operaciones sin autorización han causado “un perjuicio patrimonial de al menos USD200m en los últimos dos años".

Las empresas demandadas son: Entel, Telefónica, WOM, GTD Manquehue y ClaroVTR.

Chile.- La Polla Chilena de Beneficencia presentó demandas en contra de las compañías proveedoras de internet Entel, Telefónica, WOM, GTD Manquehue y ClaroVTR por no haber bloqueado los sitios web de las plataformas de juego y apuestas deportivas online que operan en Chile.

En 2023, la Polla Chilena había recibido un fallo favorable por parte de la Corte Suprema para que se ordene a nivel nacional el bloqueo de estos sitios internacionales de juegos y apuestas. Sin embargo, el operador chileno ahora argumentó que las casas de apuestas cambiaron su dirección web para poder mantenerse activas en el mercado, con la “clara intención de llevar a cabo un fraude de ley”, según declaró la compañía estatal.

Asimismo, agregó que estas operaciones sin autorización han causado “un perjuicio patrimonial de al menos USD200m en los últimos dos años a raíz de esto”. Por esta razón, en la demanda Polla detalla un perjuicio de CLP37.469m (USD39m), lucro cesante, por CLP5.620m (USD5.8m), y daño moral, por CLP2.000m (USD2m).

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“Los hechos descritos en este libelo constituyen sin duda alguna una conducta omisiva ilícita al no desconectar, bloquear y/o restringir las plataformas y sitios que promueven y ponen a disposición del público dentro del territorio nacional, servicios ilegales”, señala la demanda de la Polla Chilena, difundida por el diario local La Segunda.

Cabe señalar que, en octubre de 2023, el Ministerio Público archivó las querellas interpuestas por los casinos presenciales y la Polla Chilena de Beneficencia en contra de las casas de apuestas online, “al no existir pruebas suficientes para formular cargos por la comisión de un delito penal” tras “una serie de diligencias que se extendieron por casi dos años”.

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