Refuerzan veto para apostar en casinos a funcionarios que custodian fondos públicos en Chile
El pronunciamiento de la Contraloría General de la República surge tras el caso de la exalcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, sancionada por infringir la norma.
Chile.- La Contraloría General de la República (CGR) volvió a poner el foco en una regla clave: los funcionarios encargados de custodiar fondos públicos tienen estrictamente prohibido apostar en casinos de juego. El recordatorio llega a través de un pronunciamiento emitido el lunes 24 de febrero, en respuesta a una consulta de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), y está ligado al caso de la exalcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, quien enfrenta un proceso sancionatorio por hacer caso omiso a esta norma.
El objetivo de la prohibición, según la CGR, es claro: evitar cualquier riesgo de perjuicio al patrimonio del Estado. En el caso de Osorio, quien ejerció como alcaldesa entre 2016-2021 y 2021-2024, la Superintendencia la señaló por violar las Bases Generales para Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego. En sus descargos, Osorio argumentó que su rol solo implicaba administrar fondos municipales, no custodiarlos. Sin embargo, la Contraloría no hizo lugar a esa defensa.
En el documento N° E30528 de 2025, el organismo explicó que “administrar” incluye “ordenar, disponer y organizar, especialmente la hacienda o los bienes”. Para la CGR, esto implica que quien administra también custodia, con la obligación de preservar esos recursos y usarlos según su propósito. Así, concluyeron que Osorio, mientras estuvo a cargo de Nogales, tenía bajo su responsabilidad el patrimonio municipal y, al apostar en casinos, incumplió la norma.
El pronunciamiento también trae a la mesa un antecedente de 2020, el dictamen N° E33653, que ya había establecido que esta restricción aplica a cualquier empleado público con bienes o recursos bajo su protección. En paralelo, vale recordar que Osorio enfrenta problemas legales más graves: el 30 de junio de 2022, fue formalizada por la Fiscalía de Valparaíso en el Juzgado de Garantía de La Ligua, acusada de estafa reiterada entre 2015 y 2019, en Nogales y Cabildo.
Con este nuevo llamado de atención, la Contraloría busca dejar en claro que no hay espacio para interpretaciones laxas cuando se trata de proteger los fondos públicos.
