Limitaciones en la apelación de decisiones de la Superintendencia de Casinos de Juego de Chile
Se pone en duda si se debe permitir la revisión de decisiones de la SCJ.
Chile.- La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) enfrenta un pleito legal en estos días. El demandante argumenta que la normativa cuestionada vulnera el derecho al debido proceso y el principio de seguridad jurídica. Esto se debe a que solo se permite el reclamo de ilegalidad según lo establecido en la Ley de Casinos, lo que priva al demandante de la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema la decisión de la Corte de Apelaciones sobre el reclamo de ilegalidad contra las resoluciones de la SCJ.
Por lo tanto, se solicitó que se declare inaplicable, por ser inconstitucional, la frase «contra la resolución de la Corte de Apelaciones no procederá recurso alguno», que se encuentra en el artículo 27 bis, inciso final, de la Ley N°19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego.
El artículo impugnado establece: “Artículo 27 bis. – Evacuado el traslado por la Superintendencia, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes. La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días. Contra la resolución de la Corte de Apelaciones no procederá recurso alguno.” (Art. 27 bis, inciso final, Ley N°19.995).
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La gestión se trata de un recurso de apelación ante la Corte Suprema presentado por el requirente contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta última rechazó el reclamo de ilegalidad contra las resoluciones de la Superintendencia de Casinos de Juego, que finalizó la evaluación de la oferta del requirente para obtener un permiso de operación de casino en Antofagasta.
El requirente argumenta que la norma cuestionada viola el debido proceso y la seguridad jurídica, ya que solo permite impugnar las decisiones de la Superintendencia a través del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, sin posibilidad de apelación ante la Corte Suprema. El recurso presentado ante la Corte Suprema no busca impugnar una decisión de adjudicación que podría retrasar el proyecto, sino corregir un error grave de la Superintendencia y evitar futuras nulidades en el proceso de licitación.
El demandante sostiene que la limitación impuesta por el legislador en el artículo 27 bis de la Ley de Casinos carece de justificación y afecta el derecho al debido proceso al impedir una revisión en segunda instancia de decisiones de tribunales inferiores.
La Primera Sala del Tribunal Constitucional decidirá si admite el requerimiento y permite que las partes se pronuncien sobre su admisibilidad en relación con el caso pendiente. Si es admitido, el Tribunal Pleno emitirá un fallo sobre el fondo del asunto.
El Tribunal Constitucional ya ha tratado casos similares, como los Roles N°11044-2021, N°11045-2021 y N°9521-2020, donde se impugnó el mismo artículo legal.
En los Roles N°11044-21 y N°11045-21, los requerimientos fueron aceptados por algunos Ministros y rechazados por otros. En el Rol N° 9521-20, la impugnación fue rechazada debido a un empate entre los Ministros.
