Panamá promulga la ley que refuerza las medidas de juego responsable en plataformas digitales y casinos
La normativa incorpora límites voluntarios de gasto y tiempo, controles biométricos, reconocimiento facial en casinos y nuevas facultades para bloquear operadores no autorizados.
Panamá.- El gobierno panameño promulgó la Ley N.º 527, una nueva normativa destinada a fortalecer la prevención, el tratamiento y el control del juego problemático mediante la regulación de las apuestas realizadas a través de plataformas digitales, aplicaciones móviles, sitios web y otros sistemas electrónicos vinculados a actividades de juego.
La legislación, publicada en la Gaceta Oficial el 28 de mayo, establece una serie de obligaciones para operadores presenciales y online, con el objetivo de promover prácticas de juego responsable y reforzar la protección de los usuarios, especialmente de menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad.
Entre las principales disposiciones, la ley exige que las plataformas digitales de apuestas incorporen herramientas que permitan a los jugadores configurar límites voluntarios de gasto y tiempo, así como recibir alertas automáticas cuando se detecten patrones de comportamiento considerados de riesgo.
Asimismo, los operadores deberán implementar sistemas de verificación biométrica de identidad y edad para impedir el acceso de menores de 18 años a las actividades de juego online.
La normativa también alcanza a los casinos y salas de máquinas tipo A, que estarán obligados a integrar tecnologías de reconocimiento facial en sus sistemas de videovigilancia. El objetivo es facilitar la identificación de personas que se encuentren excluidas de las actividades de juego por decisión de la Junta de Control de Juegos.
Otro de los aspectos destacados de la Ley 527 es la ampliación de las facultades regulatorias de la Junta de Control de Juegos para combatir la oferta ilegal. La autoridad podrá ordenar el bloqueo, suspensión o restricción de acceso a páginas web, aplicaciones, dominios y direcciones IP vinculadas con operadores que ofrezcan servicios sin autorización en el país.
La medida también involucra a los proveedores de internet y empresas de telecomunicaciones, que deberán ejecutar las órdenes de bloqueo emitidas por el organismo regulador. El incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en sanciones económicas que alcanzan hasta US$1m.
La nueva normativa también crea un fondo destinado a financiar programas de atención y tratamiento relacionados con el juego problemático. Los recursos serán administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas en beneficio del Instituto de Salud Mental y provendrán del 0,5 por ciento de los aportes que realizan al Tesoro Nacional los operadores regulados.
En paralelo, la Junta de Control de Juegos deberá realizar auditorías anuales a casinos, plataformas digitales y demás operadores autorizados para verificar el cumplimiento de las nuevas obligaciones.
En materia educativa, la normativa encomienda al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación el desarrollo de contenidos de prevención sobre juego problemático y riesgos asociados al juego de azar, que deberán incorporarse en centros educativos públicos y privados.
Además, la legislación establece multas de entre US$25.000 y US$100.000 para los operadores que incumplan las medidas previstas. En casos de reincidencia, las sanciones podrán duplicarse e incluso derivar en la suspensión temporal o la cancelación definitiva de las licencias correspondientes.
