Reclamo sindical: Unión de Trabajadores de Salones de Juego de Navarra protestan por reducción de horario laboral
Buscan que se mantengan el horario de cierre actual tanto para salones de juego como para bingos.
España.- Empleados de la Unión de Trabajadores de Salones de Juego (UTSAJU) Navarra valoraron positivamente que el Consejo de Navarra haya solicitado al Gobierno una explicación sobre la diferencia de trato entre los salones de juego y los bingos, ya que la medida propuesta en el decreto, que se espera aprobar en los próximos días, reducirá el horario a tres horas menos.
El Proyecto de Decreto Foral regula el Reglamento General de Juegos y Apuestas de la Comunidad Foral de Navarra. En el documento, en la página 32, se señala lo siguiente: “Es necesario justificar adecuadamente la reducción en media hora del horario de cierre de las salas de bingo y en tres horas del horario de cierre de los salones de juego y locales de apuestas deportivas, con el fin de evaluar mejor su necesidad y proporcionalidad y, por ende, su adecuada conformidad con la legalidad”.
Ver también: ANESAR advierte sobre las consecuencias negativas de la Ley del Juego de Navarra
Carlos Alejandro Sola, portavoz de la UTSAJU de Navarra, indicó que “esta reforma normativa no ha sido solicitada por nadie y su única consecuencia será el despido de 100 familias navarras”. Desde UTSAJU Navarra, preocupados por la situación, enviaron cartas a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y a todos los grupos parlamentarios.
Como resultado de esta comunicación, UPN (el principal grupo de la cámara), Contigo Navarra (parte del gobierno foral), PP y VOX se mostraron dispuestos a mantener una reunión, la cual ya se ha llevado a cabo, con la participación de los parlamentarios Marta Álvarez (UPN), Miguel Garrido (Contigo Navarra), Irene Royo (PP) y Emilio Jiménez (VOX).
Cabe recordar que los trabajadores de los salones de juego de Navarra nucleados en la Unión de Trabajadores de Salones de Juegos (UTSAJU), pidieron una reunión urgente a fines de octubre, a la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, por la posible pérdida de más de 100 puestos de trabajo debido a un decreto que, según argumentan, no se ha consensuado con nadie.