Operadores de máquinas de azar en Puerto Rico llevan a la Justicia la disputa por licencias
Un grupo de comerciantes acusa a la Comisión de Juegos de bloquear solicitudes y pide que se reactive el proceso, mientras el regulador sostiene que no puede aceptar nuevos trámites hasta 2028.
Puerto Rico.- La disputa por el otorgamiento de licencias de máquinas de azar en Puerto Rico sumó un nuevo capítulo judicial. Una treintena de comerciantes acudió al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para denunciar que la Comisión de Juegos se ha negado a recibir, procesar y adjudicar sus solicitudes, lo que, según afirman, los mantiene fuera de la industria.
El recurso presentado es un mandamus, mediante el cual los demandantes buscan que la Justicia ordene al regulador cumplir con su propia normativa y tramitar los pedidos pendientes. El abogado del grupo, Frank Torres Viada, aseguró que el reclamo apunta a algo “tan sencillo y lógico” como que la agencia evalúe las solicitudes conforme a la ley vigente.
Según los operadores, la Comisión adoptó una política de “puertas cerradas” que impide avanzar con nuevos licenciamientos. También cuestionan la falta de notificaciones formales sobre el estado de los trámites y denuncian irregularidades en el proceso.
Torres Viada sostuvo que la Ley 111 otorga prioridad a quienes ya contaban con licencias, aunque, según indicó, el organismo habría sido “flexible y liberal” en otorgarlas a nuevos actores sin respetar esos criterios. Incluso mencionó que un informe de la Oficina del Inspector General habría advertido posibles incumplimientos. “Han dado licencias a gente que no tenía máquinas antes ni tenía licencias vigentes”, afirmó.
El planteo también incluye un pedido de acceso a información pública para conocer el estado real del sistema de licencias y permitir una mayor fiscalización del proceso.
Desde la Comisión de Juegos rechazaron las acusaciones y defendieron su actuación. En su respuesta judicial, el organismo argumentó que no existe obligación legal de aceptar nuevas solicitudes en esta etapa del proceso.
El regulador recordó que la ley fija un máximo de 25.000 licencias y que, desde 2021, ya se han otorgado más de 23.000. Además, explicó que los operadores actualmente licenciados tienen plazo hasta enero de 2028 para completar el pago de sus permisos, por lo que hasta entonces no se podrán considerar nuevas solicitudes.
“La interpretación de la ley que hacen estos demandantes es incorrecta. Actualmente, no existe un deber ministerial que obligue a la Comisión a aceptar nuevas solicitudes”, indicaron desde el organismo.
También subrayaron que en litigios previos sobre este mismo tema han obtenido fallos favorables.
Riesgo de sanciones y mercado irregular
El conflicto se produce en un contexto de presión para regularizar el sector. Según los demandantes, la falta de licencias los expone a multas de miles de dólares, así como a la posible incautación de equipos.
En paralelo, las autoridades reconocen la magnitud del mercado ilegal: en Puerto Rico habría más de 80.000 máquinas de azar operando fuera del marco normativo, de las cuales unas 4.000 ya fueron retiradas.
