Licitación de casinos en Chile termina con dos plazas desiertas y sin competencia efectiva en las restantes
La SCJ recibió una sola oferta para Coquimbo y otra para Pucón, mientras Iquique y Viña del Mar quedaron sin postulantes. Dreams y Marina del Sol cuestionaron las condiciones económicas y técnicas del proceso y pidieron revisar el modelo de licitación vigente.
Chile.- La licitación para nuevos permisos de operación de casinos en Chile concluyó con un resultado muy por debajo de las expectativas de competencia: de las cuatro plazas sometidas a concurso por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), dos quedaron desiertas y las otras dos recibieron un único postulante. El desenlace volvió a poner en el centro del debate las condiciones establecidas por el regulador y el modelo de licitación vigente desde 2015.
La audiencia de presentación de ofertas técnicas y económicas se realizó este martes 11 de agosto. Según informó oficialmente la SCJ, se recibieron únicamente dos proyectos: Casino de Juegos de Coquimbo S.A., para Coquimbo, y Casino Volcán Pucón S.A., para Pucón. En Iquique y Viña del Mar, en cambio, no se presentó ningún proyecto postulante.
El resultado implica que no hubo competencia entre oferentes en ninguna de las cuatro plazas. En Coquimbo y Pucón, la autoridad deberá ahora evaluar las propuestas presentadas, mientras que Iquique y Viña del Mar deberán ser sometidas a nuevos procesos, con nuevas condiciones especiales que tendrán que incorporarse a las respectivas bases técnicas. La evaluación de las ofertas técnicas recibidas tendrá un plazo máximo de 120 días.
Pucón y Coquimbo: una oferta por plaza
En Pucón, el único proyecto fue presentado por Casino Volcán Pucón S.A., sociedad vinculada a Andrés Raggio Guerrero, exgerente de Tesorería de Enjoy. La compañía fue constituida específicamente para participar en el proceso y, según medios locales, también está relacionada con otros exejecutivos de la antigua operación de Enjoy en la comuna. Enjoy había renunciado a la plaza en 2025.
En Coquimbo, la única propuesta correspondió a Casino de Juegos de Coquimbo S.A., sociedad constituida para participar en la licitación. El proceso tampoco tuvo competencia, por lo que la evaluación de la SCJ será determinante para establecer si finalmente se adjudica el permiso.
El escenario llamó especialmente la atención de los operadores establecidos. Para Marina del Sol, el hecho de que ambas plazas hayan recibido un solo oferente demuestra que el proceso no logró atraer nuevos participantes ni generar una competencia efectiva. La compañía sostuvo que, en Pucón, el oferente está vinculado con exoperadores de Enjoy y que, en Coquimbo, la sociedad participante está relacionada con acreedores de la compañía.
Iquique
La situación más contundente se produjo en Iquique, donde no hubo ninguna oferta. Dreams explicó que decidió no participar en ninguno de los cuatro concursos después de considerar inviables las condiciones fijadas por la SCJ. La compañía calificó las bases técnicas como “excesivamente gravosas sin justificación” y sostuvo que no contribuían a promover la competencia.
En Iquique, uno de los principales reparos estuvo relacionado con la inversión requerida para construir el nuevo casino. Dreams estimó el costo del recinto en US$55m, pero señaló que, al término del permiso, las obras quedarían en propiedad de la Municipalidad sin derecho a indemnización. De acuerdo con la empresa, esto transformaba la inversión en un “costo hundido no recuperable”.
A ese desembolso se sumaban una oferta económica mínima anual de 68.000 UF, la obligación de mantener el 100 por ciento de la dotación laboral y la ejecución de obras complementarias, entre ellas un salón de eventos para 1.500 personas y 380 estacionamientos. Dreams estimó estas últimas inversiones en aproximadamente 160.000 UF y concluyó que el conjunto de obligaciones impedía obtener un retorno positivo.
Viña del Mar
El caso de Viña del Mar es particularmente relevante, tanto por el peso de la plaza dentro del mercado chileno como por los antecedentes del anterior proceso de licitación. Nuevamente no hubo oferentes. Dreams cuestionó especialmente el plazo de puesta en marcha previsto en las bases: tres meses, período que la compañía consideró imposible para un operador entrante. Según su análisis, un nuevo operador necesitaría al menos siete meses para completar el proceso.
La empresa también objetó que las bases no determinaran con claridad cuándo se produciría la “puesta a disposición” del inmueble y señaló que no había sido posible realizar una visita técnica a la propiedad.
A ello se agregaba una oferta económica de 394.000 UF anuales, el mejoramiento integral de la Avenida Perú por hasta 120.000 UF y la obligación de mantener el 100 por ciento de la dotación laboral. Para Dreams, la combinación de estos factores hacía inviable presentar una propuesta.
La ausencia de interesados adquiere mayor relevancia debido a que el anterior proceso de Viña del Mar, adjudicado en 2016, terminó con la renuncia del operador a su licencia. Marina del Sol utilizó justamente ese antecedente para cuestionar el diseño regulatorio y advertir que el nuevo llamado no consiguió despertar interés real en el mercado.
Marina del Sol pide revisar el modelo
Tras conocerse los resultados, Marina del Sol endureció sus críticas y pidió una revisión urgente del marco regulatorio de la industria.
La compañía sostuvo que el resultado “confirmó los riesgos” que había planteado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), al considerar que las condiciones del proceso impedían una participación amplia de operadores. A su juicio, el hecho de terminar con dos licitaciones desiertas y dos procesos con un solo oferente constituye una señal de “participación extremadamente limitada”.
La empresa afirmó que el modelo de licitación implementado desde 2015 presenta “fallas estructurales de diseño”.
Marina del Sol comparó el actual esquema con el proceso de 2005. Según la compañía, bajo aquel modelo participaron más de 60 proyectos, incluidos más de ocho oferentes extranjeros, y se materializaron alrededor de US$1.500m en inversión en la industria. En contraste, sostuvo que bajo el sistema implementado desde 2015 no se ha presentado ninguna cadena extranjera ni se ha generado un nivel comparable de nueva inversión.
Para la empresa, las exigencias económicas y técnicas pueden generar “desincentivos significativos” para potenciales inversionistas y operadores, reducir la concurrencia y limitar la competencia, especialmente en activos estratégicos como Viña del Mar.
Por eso, planteó revisar tanto el marco regulatorio como los mecanismos de adjudicación, con el objetivo de recuperar procesos competitivos, asegurar una adecuada recaudación para los municipios, promover inversión y garantizar un desarrollo sostenible de la industria de casinos en Chile.
Dreams también apunta a las bases
Dreams coincidió con el diagnóstico sobre la falta de incentivos para competir. La compañía decidió no presentar ofertas en ninguna de las cuatro plazas después de un análisis de las condiciones técnicas y económicas.
Su directorio concluyó que la participación resultaba inviable y cuestionó que las bases establecieran obligaciones que, en su opinión, no guardaban una relación razonable con la rentabilidad potencial de los proyectos.
Los reparos se concentran especialmente en Iquique y Viña del Mar, aunque la empresa decidió no participar tampoco en Coquimbo ni Pucón.
El posicionamiento de Dreams y Marina del Sol se produjo después de que ambas compañías, junto con otras partes interesadas, recurrieran al TDLC para intentar suspender los procesos. El tribunal rechazó el 28 de julio los recursos de reposición presentados para detener los concursos, manteniendo vigente la decisión que permitió a la SCJ avanzar hacia la presentación de ofertas.
