La JPS de Costa Rica le pide a los diputados que avancen con la reforma para endurecer penas contra la lotería ilegal
El proyecto está bajo el análisis de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Costa Rica.- La Junta de Protección Social (JPS) de Costa Rica impulsa un proyecto de ley para sancionar con mayor severidad la lotería ilegal y solicitó a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico avanzar con su trámite.
Según informó el medio CRHoy, durante su presentación ante la comisión, Mariela Vargas Zúñiga, presidenta ejecutiva de la JPS, advirtió que la falta de regulación sobre los juegos ilegales provoca la pérdida de cerca del 52 por ciento de los ingresos potenciales de la institución, recursos vitales para financiar programas sociales y de salud pública.
Por su parte, Marcela Sánchez, asesora legal de la JPS, recalcó que la vigente Ley de Loterías, de 1952, está desactualizada frente a nuevos modelos delictivos, especialmente de origen tecnológico, intensificados en los últimos años. Además, añadió que legislaturas anteriores no abordaron la reforma necesaria.
Específicamente, el expediente 25.057 propone una reforma integral para regular no solo la venta ilegal de lotería tradicional, sino también las apuestas deportivas y los juegos de azar electrónicos. La iniciativa, redactada con el apoyo de la JPS, cuenta con la firma de 12 legisladores.
El proyecto contempla penas de entre dos y seis años de prisión para quienes operen redes u organizaciones criminales dedicadas a la venta de lotería ilegal.
Durante la exposición, las autoridades de la JPS señalaron que el plan establece “un marco normativo claro para enfrentar las operaciones ilegales, muchas de ellas vinculadas al crimen organizado, al lavado de dinero y a prácticas de corrupción”. También busca “cerrar las brechas que han permitido la proliferación de negocios ilícitos, reforzando la capacidad reguladora del Estado en un sector especialmente vulnerable”.
El diputado Gilbert Jiménez, uno de los proponentes, defendió la iniciativa por su impacto social: “La Junta de Protección Social es clave para financiar programas de ayuda social y salud. Pero hoy, más del 50 por ciento del mercado está en manos de productos ilegales. Este proyecto no solo combate ese flagelo, sino que protege a la ciudadanía y garantiza que los recursos lleguen a quienes más los necesitan”.
El expediente 25.057 continuará en discusión en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde podría sufrir modificaciones antes de pasar al Plenario para su votación en primer debate.
