La JPS de Costa Rica acelera el debate del Proyecto 25.057 para frenar el avance del juego ilegal
La Junta de Protección Social pidió a los diputados priorizar la reforma que actualizaría una normativa de más de 50 años, incorporaría controles para plataformas digitales y penalizaría la operación clandestina de loterías, apuestas deportivas y juegos en línea.
Costa Rica.- La discusión sobre la modernización del marco regulatorio del juego en Costa Rica volvió a tomar fuerza esta semana, luego de que la Junta de Protección Social (JPS) solicitara a la Asamblea Legislativa priorizar el Proyecto de Ley 25.057. La iniciativa, actualmente en análisis en la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico, apunta a endurecer las sanciones contra la operación ilegal de loterías, apuestas deportivas y juegos de azar electrónicos, además de cerrar brechas normativas que han permitido el avance de estructuras criminales vinculadas al sector.
Según la JPS, el país enfrenta un mercado informal que opera sin regulación específica, un escenario que facilita ventas clandestinas y que, en los últimos años, ha sido aprovechado por organizaciones delictivas. La institución advierte que este vacío legal afecta directamente a la comercialización oficial establecida en la Ley 8718 y vulnera un marco jurídico que quedó obsoleto: la normativa vigente data de hace más de cinco décadas.
El expediente 25.057 introduce dos pilares centrales para ordenar el mercado. En primer lugar, amplía el alcance regulatorio a las plataformas digitales, aplicaciones móviles y sistemas electrónicos, una respuesta a la proliferación de juegos en línea no autorizados. En segundo término, incorpora la figura del “título habilitante” como requisito obligatorio para operadores regulados, estableciendo mecanismos más robustos de supervisión y control.
La JPS destacó que la iniciativa fue presentada en junio con el respaldo de más de diez diputaciones y que constituye un paso “necesario para cerrar vacíos legales que facilitan actividades no autorizadas”. Además, subraya que la actualización permitiría cortar fuentes de financiamiento utilizadas por redes ilícitas que se valen del mercado informal para lavar dinero o sostener otras actividades criminales.
En línea con lo expuesto en octubre por autoridades de la JPS ante la misma comisión legislativa, el organismo insiste en que fortalecer la normativa es esencial para proteger los recursos destinados a programas sociales y de salud pública.
Si bien el proyecto aún puede recibir modificaciones durante su trámite en comisión, la expectativa es que avance hacia el Plenario para su votación en primer debate. De aprobarse, la reforma marcaría la actualización más relevante del sector en décadas.
