Expectativa en Brasil por la posible votación del Proyecto de Ley 2.234/22
La propuesta que que legaliza los casinos, bingos y Jogo do Bicho está incluido entre los temas a tratar por la Comisión de Constitución y Justicia el día de hoy. Sin embargo, no se descarta una nueva postergación en la votación.
Brasil.- La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado continuaba reunida al cierre de esta edición, para discutir una agenda con 18 puntos, entre ellos, el proyecto que permite legalizar el juego en Brasil. El Proyecto de Ley 2.234/22 ingresa así nuevamente a la agenda de la comisión, luego de que el tratamiento ya haya sido incluido en el orden del día hasta en cuatro oportunidades, en las cuales su debate acabó siendo postergado.
La discusión en torno al proyecto para regular los juegos de azar, como los casinos, el bingo y el Jogo do Bicho en Brasil, ha sido objeto de intenso debate. Esto ocurre tanto entre los senadores de la base gubernamental como de la oposición.
La mayoría de los dirigentes del Centrão apoyan la cuestión, pero los senadores de la bancada evangélica se resisten firmemente a la propuesta. Por lo tanto, la expectativa es que los parlamentarios soliciten una revisión que permita un análisis más detallado de la propuesta, lo cual puede llevar a nuevas demoras y que la propuesta no sea analizada en la CCJ.
El senador Davi Alcolumbre, presidente de la CCJ, garantizó que la propuesta será votada antes del receso parlamentario, previsto para el 15 de julio. “Hay que votar antes (del receso). Este artículo lleva aquí más de un año”, dijo al medio local Valor.
Pero, a pesar de las intenciones de avanzar en el debate, las diferencias entre las bancadas puede llevar a una nueva postergación. Es que en medio de presiones de la bancada evangélica, Alcolumbre ya retiró el texto del orden del día en dos ocasiones con la justificación de que el relator, el senador Irajá, no estuvo presente. El presidente de la CCJ dijo que no descarta nombrar un nuevo parlamentario para la relatoría si Irajá no asiste a la próxima reunión del colegiado.
La postura de Alcolumbre respecto al avance de la propuesta es la misma que la del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, y ambos están a favor de que se propicie el debate. “Lo considero un proyecto importante, que vale la pena y estoy a favor”, declaró Alcolumbre, quien en encuentros informales ha estado apoyando el avance de la propuesta.
El texto autoriza la instalación de casinos en polos turísticos o en complejos integrados de ocio, con un límite de un casino por estado y en el Distrito Federal, con excepción de São Paulo, que podría tener hasta tres casinos, y de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas y Pará, en los que el límite previsto para cada estado es de dos casinos.
Según la propuesta, también podrán funcionar salas de juego en embarcaciones marítimas y fluviales, que seguirán reglas específicas. El casino deberá demostrar un capital social mínimo integrado de al menos R$ 100m (USD 19m) y podrá ser acreditado por 30 años.
También establece reglas para el juego de bingo en modalidades de cartón y electrónico, y permite en cada estado la acreditación de una persona jurídica por cada 700,000 habitantes para la explotación del “jogo do bicho”.
En este caso, las autorizaciones tendrán una validez de 25 años, renovables por igual período. Las carreras de caballos podrán ser explotadas por entidades turfísticas acreditadas en el Ministerio de Agricultura, que también podrán explotar, al mismo tiempo, juegos de bingo y video bingo.
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Si la CCJ aprueba el PL 2.234/22, la propuesta pasará al pleno del Senado. Si hay un cambio en el texto, el asunto vuelve a la Cámara, pero si no hay cambios, el proyecto pasa a la aprobación presidencial.
En su informe, Irajá descartó como “concepto jurídico indeterminado” el de la ofensa a la moral y a las buenas costumbres, utilizado como argumento contra los juegos de azar, y destacó que el proyecto trata de pasar al control del Estado una práctica que hoy constituye una contravención. Citando estadísticas sobre el mercado de apuestas legales o ilegales, Irajá concluye que “los juegos de azar ya constituyen una actividad económica relevante”.