Brasil: el Proyecto de Ley 2.234/22 está nuevamente en el orden del día para ser tratado por la CCJ este miércoles
![El Senador Irajá Silvestre, relator del PL 2.234/22.](https://focusgn.com/latinoamerica/wp-content/uploads/sites/2/2023/11/iraja-abreu.jpg)
La propuesta que legaliza los casinos, bingos y Jogo do Bicho está incluido entre los temas a tratar por la Comisión de Constitución y Justicia luego de que su tratamiento ya haya sido postergado cuatro veces.
Brasil.- La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado se reunirá este miércoles 5 de junio para discutir una agenda con 18 puntos, entre ellos, el proyecto que permite legalizar el juego en Brasil. El Proyecto de Ley 2.234/22 ingresa así nuevamente a la agenda de la comisión, luego de que se tratamiento ya haya sido incluido en el orden del día hasta en cuatro oportunidades, en las cuales su debate acabó siendo postergado.
El proyecto de ley ya fue discutido y pospuesto otras veces en la comisión, el último aplazamiento tuvo lugar el 22 de mayo. El motivo de la retirada de la propuesta de la agenda fue la ausencia del relator, el senador Irajá Silvestre. Si el relator no vuelve a presentarse a la sesión de la CCJ, el presidente del cuerpo, Davi Alcolumbre, estudia la posibilidad de nombrar un sustituto para leer el informe y evitar mayores demoras en la tramitación de este proyecto.
El texto autoriza la instalación de casinos en polos turísticos o en complejos integrados de ocio, con un límite de un casino por estado y en el Distrito Federal, con excepción de São Paulo, que podría tener hasta tres casinos, y de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas y Pará, en los que el límite previsto para cada estado es de dos casinos.
Según la propuesta, también podrán funcionar salas de juego en embarcaciones marítimas y fluviales, que seguirán reglas específicas. El casino deberá demostrar un capital social mínimo integrado de al menos R$ 100m (USD 19m) y podrá ser acreditado por 30 años.
También establece reglas para el juego de bingo en modalidades de cartón y electrónico, y permite en cada estado la acreditación de una persona jurídica por cada 700,000 habitantes para la explotación del “jogo do bicho”.
En este caso, las autorizaciones tendrán una validez de 25 años, renovables por igual período. Las carreras de caballos podrán ser explotadas por entidades turfísticas acreditadas en el Ministerio de Agricultura, que también podrán explotar, al mismo tiempo, juegos de bingo y video bingo.
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Si la CCJ aprueba el PL 2.234/22, la propuesta pasará al pleno del Senado. Si hay un cambio en el texto, el asunto vuelve a la Cámara, pero si no hay cambio, el proyecto pasa a la aprobación presidencial.
En su informe, Irajá descartó como “concepto jurídico indeterminado” el de la ofensa a la moral y a las buenas costumbres, utilizado como argumento contra los juegos de azar, y destacó que el proyecto trata de pasar al control del Estado una práctica que hoy constituye una contravención. Citando estadísticas sobre el mercado de apuestas legales o ilegales, Irajá concluye que “los juegos de azar ya constituyen una actividad económica relevante”.