Estados Unidos sanciona a casinos en Tamaulipas y México avanza con suspensiones y denuncias por lavado
La UIF confirmó irregularidades financieras en los establecimientos señalados por el Tesoro estadounidense y dio aviso para cesar operaciones.
México.- Las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos casinos en Tamaulipas abrieron un frente regulatorio que ya tiene derivaciones concretas en México, con denuncias penales, posibles cierres de operaciones y un renovado foco sobre los controles en la industria del juego.
La medida, ejecutada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), alcanzó a los establecimientos Casino Centenario (Nuevo Laredo) y Diamante Casino (Tampico), además de la empresa operadora Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA). Las autoridades estadounidenses los señalaron por presunto apoyo financiero y operativo a actividades ilícitas, lo que derivó en el bloqueo de bienes y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese país.
A partir de estas designaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confirmó que detectó múltiples irregularidades en los casinos investigados, lo que aceleró las acciones a nivel local. Entre los principales hallazgos se destacan:
- Transferencias internacionales hacia jurisdicciones consideradas de riesgo.
- Inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos realmente operados.
- Uso intensivo de efectivo sin justificación económica.
- Posibles esquemas de evasión fiscal.
Suspensiones en marcha y frente penal abierto
En respuesta a estas anomalías, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal. En paralelo, notificó a la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para avanzar con la suspensión de actividades de los casinos involucrados.
Este doble frente penal y administrativo marca un endurecimiento en la respuesta de las autoridades mexicanas frente a posibles desvíos dentro de la industria, alineado con las sanciones internacionales.
El caso también expone cómo las investigaciones financieras y regulatorias pueden escalar rápidamente a partir de decisiones extraterritoriales, afectando la continuidad operativa de los operadores y su acceso al sistema financiero.
Un caso que vuelve a poner bajo la lupa al sector
Más allá del trasfondo criminal, el episodio refuerza la atención sobre los mecanismos de cumplimiento en la industria del juego, especialmente en lo que respecta a la prevención de lavado de dinero (AML), monitoreo de transacciones y transparencia fiscal.
La UIF remarcó que los establecimientos presentaban movimientos de efectivo “no proporcionales” a la actividad declarada, un indicador clave dentro de los sistemas de alerta temprana. Además, la existencia de estructuras corporativas compartidas y flujos financieros atípicos sugiere posibles fallas en los controles internos y en la supervisión.
Si bien las investigaciones también alcanzan a personas físicas presuntamente vinculadas a las operaciones, el foco regulatorio se concentra en los operadores y su rol dentro del sistema financiero formal.
