El presidente de Panamá ordena poner fin a la lotería electrónica 

Se trata de un pedido realizado por José Raúl Mulino a Saquina Jaramillo, la nueva directora de la Lotería Nacional de Beneficencia.

Panamá.- La lotería electrónica se encuentra en el ojo de la tormenta desde su lanzamiento en octubre, pero esta vez el conflicto escaló hasta tal punto que lo más probable es que desaparezca en breve. El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció recientemente que ordenó a Saquina Jaramillo, la nueva directora de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), poner fin a la lotería electrónica de Panamá, conocida como Lotto y Pega 3.

«En cuanto a la lotería electrónica, le he pedido a la directora que comience a tomar medidas para que nuestra Lotería Nacional de Beneficencia se enfoque en los sorteos tradicionales de Miércolito, Dominguito y el Gordito del Zodiaco«, expresó Mulino en conferencia de prensa.

Y agregó: «Se acabó el resto, que lo único que hace es mermar la eficiencia de nuestra lotería, beneficiando a algunos que lucran con el tema de las loterías electrónicas, las cuales este año generaron una venta bruta semanal de USD900.000″.

Mulino detalló que la LNB reporta en el mes en curso una devolución del 27 por ciento, seis puntos porcentuales menos que el mes pasado, y lo calificó como un valor alto.

El funcionario recordó, además, que hay 13,500 billeteros en el país y afirmó: «la comisión de los billeteros es del 12.5 por ciento, un poco más que la de la Lotería Nacional de Beneficencia, lo cual asciende a un monto de USD117.000, y el operador también gana un 2 por ciento de la venta bruta».

“Esto no es negocio para el Estado. Es negocio para alguien, pero no para el Estado. Así que esta institución será sometida a una transformación eficiente, transparente y honesta, con el ánimo de volverla a ser una entidad con credibilidad y beneficencia para el pueblo panameño”, opinó Mulino.

Respecto a los beneficiarios de la lotería electrónica, Mulino solo mencionó a la empresa Scientific Games, durante la conferencia de prensa, sin detallar nombres de personas.

“Pero el problema no son tanto los beneficiarios finales, sino el costo en merma de ingresos y beneficios para la Lotería Nacional de Beneficencia, que sí es nuestra, del pueblo panameño. Hacia allá va dirigida la acción y pronto espero cerrar las brechas que afectan la rentabilidad de nuestra lotería. Estoy trabajando en esto”, concluyó.

Ver también: Los panameños destinaron USD 1.375m a juegos de azar en los primeros cinco meses de 2024

Problemas en la Justicia

La lotería electrónica en Panamá ha recibido varias demandas ante la Justicia. Una de ellas fue presentada por el excandidato presidencial Ricardo Lombana en octubre de 2023. 

Lombana presentó una demanda de nulidad contra el contrato que suscribió la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) para la implementación de la lotería electrónica ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Su intención era la suspensión provisional de los nuevos juegos de azar.

Recientemente, la lotería electrónica fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la extensión del contrato. En total son tres demandas las que sustentan una serie de ilegalidades, presentadas por los abogados Pedro Meilán, Ramón Jaén y la firma Alemán Cordero, Galindo y Lee.

«No puedes prorrogar un contrato que fue a través de una licitación pública y que no establece en su normativa que puede ser prorrogable. La única forma de hacerlo es logrando ciertos requisitos especiales que no se cumplieron aquí, y el monto a prorrogar en el contrato debe ser menor al monto actual», explicó el abogado Meilán, uno de los demandantes a Panamá América.

Según Meilán, existieron cuatro violaciones al contrato: la primera es la extensión de la vigencia del contrato a 10 años; la segunda es que altera y modifica el objeto del contrato; la tercera es que altera y modifica las obligaciones del contratista; y, por último, aumenta los porcentajes y exonera del impuesto.

«Esto se da única y exclusivamente para evitar un nuevo proceso de licitación pública, lo cual es totalmente contrario a la ley, porque todos los actos estatales deben ir a licitación pública. Ellos crearon esta adenda número cinco e incluyeron ciertas cosas para tratar de prorrogar el contrato», explicó Meilán.

De acuerdo con el demandante, se alteró el objeto del contrato creando nuevos juegos, nuevos mecanismos y actuaciones que requieren tecnología y estructura. El contrato inicial tenía 29 obligaciones y esta nueva adenda tiene 44, lo que demuestra que es un contrato totalmente distinto.